El Gobierno jalea el show del espionaje a Sánchez: dará al juez la información confidencial del CNI

El Gobierno ha dado luz verde a que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pueda entregar al juez la documentación relativa al espionaje a los teléfonos de Pedro Sánchez, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. La autorización gubernamental era una condición imprescindible para que los servicios de inteligencia atendieran a la petición del juez. Se trata de facilitar los documentos, en ningún caso una desclasificación de archivos que afectaría también al espionaje a los separatistas y pondría al descubierto el trabajo del CNI, de la investigación que arrojó los datos de la infección. Un movimiento que, según admitió hace unos días, solo «favorece el éxito de nuevos espionajes». A un mes de la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid.

Con la decisión adoptada este martes en el Consejo de Ministros, los funcionarios del CNI podrán compartir la información de la que disponen con el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la denuncia presentada por la Abogacía del Estado. Entonces, el 2 de abril, el Gobierno puso en conocimiento de la Justicia los hechos. Tres días más tarde, el día 5, presentó una ampliación de la misma cuando se conoció la infección del terminal del ministro del Interior y el intento de acceso al del ministro de Agricultura-.

Aunque todas las partes reconocen que va a ser imposible conocer quién fue el responsable del espionaje, con este movimiento, Sánchez gana tiempo y alimenta su relato de víctima. La misma empresa que comercializa el sistema de espionaje Pegasus, únicamente a disposición de los Estados, aseguró que era muy difícil conocer quién había dado la orden de acceder a los teléfonos de ciertas personas. Como mucho, apuntaban varias fuentes conocedoras del funcionamiento del programa, se podría conocer en qué lugar del mundo se descargaron los documentos que consiguieron robar de los terminales del presidente del Gobierno y algunos de los ministros. Pero eso no es garantía de nada.

El Ejecutivo, que de nuevo alimenta el espectáculo de haber sido espiados, mientras ningún otro país ha reconocido tal extremo -más bien lo han negado para no dejar en evidencia sus servicios de inteligencia-, es el primer interesado en qué no se conozca la realidad de lo sucedido. Todos apuntan a Marruecos como ordenante del espionaje. Una opción que gana muchos enteros, tanto por las fechas como por los eventos ocurridos entonces, pero que dejaría al gabinete de Pedro Sánchez en muy mal lugar tras las cesiones de los últimos meses con Rabat respecto al Sáhara. Saber que nunca se podrá determinar con certeza si fue el «gobierno amigo» marroquí, quién les espió, es lo que ha llevado a Moncloa a proseguir el show pese a que eso haya provocado una crisis enorme en el CNI, con la destitución de la directora incluido.