El Gobierno habla en el exterior de posibles «excesos policiales» durante el referéndum ilegal

El dosier que prepara la Secretaría de Estado de España Global, dirigida por Irene Lozano, para contrarrestar en el exterior, principalmente en Europa, el discurso independentista, no descarta que existiesen malas prácticas de la Policía durante la celebración del referéndum ilegal de independencia.

El Ejecutivo expone en dicho documento que 33 agentes están imputados por su actuación en aquella jornada por «un presunto uso excesivo de la fuerza». «Los excesos policiales son contrarios a la ley», se advierte en el texto, que reveló Europa Press. El Gobierno de Pedro Sánchez afirma que esos casos se dilucidarán en los tribunales.

El informe consta de 70 páginas, donde se detallan los argumentos para rebatir el relato independentista ante representantes y periodistas extranjeros.

En el dosier se incluyen 45 mensajes a los que habitualmente recurren los secesionistas y que el Gobierno califica de «fakes». 

El Ejecutivo, por ejemplo, señala que el del 1 de octubre «no fue un referéndum democrático» y rebate que los dirigentes independentistas encarcelados sean «presos políticos» o que en España no exista una «verdadera democracia», tesis habituales de los secesionistas. Concluye, también, que la «ley es igual para todos», como síntesis a que la cúpula del procés esté actualmente sometida a juicio en el Tribunal Supremo.

«Región sin Estado»

En otro momento, no obstante, expone que «no es delito plantear la independencia de una comunidad o región sin Estado en España», término en línea con la España ‘plurinacional’ o ‘Nación de naciones’ de Sánchez.

A continuación, se destaca que «sí es delito desobedecer al Tribunal Constitucional, aprobar leyes para derogar la Constitución y el Estatuto de autonomía, celebrar un referéndum ilegal y después proclamar la independencia unilateralmente». «Tan conscientes de esto eran algunos líderes secesionistas que huyeron de España», añade, en referencia a Carles Puigdemont y a los consellers fugados de la Justicia.

El Gobierno resume los efectos del proceso independentista en «menos crecimiento económico, más pobreza y más exilio laboral de jóvenes», y señala que 5.350 empresas y bancos «han abandonado Cataluña desde octubre de 2017».

También observa que «los periodistas se han convertido en objetivo de los independentistas radicales» y dice que «políticos no independentistas sufren a diario agresiones» citando a Albert Rivera, Inés Arrimadas y Xavier García Albiol. El documento se utiliza ya en los contactos internacionales del Gobierno.

Agentes imputados

Tras explicar que «los excesos policiales son contrarios a la ley», en referencia a la jornada del 1 de octubre, y sostener que los dilucidarán los tribunales, donde hay 33 agentes imputados «por un presunto uso excesivo de la fuerza». Añade, no obstante, que no hubo más de mil heridos -como sostenían los independentistas- sino tres ingresados en hospitales.

Sobre el ‘derecho de autodeterminación’, subraya que los propios expertos del Consejo Asesor para la Transición Nacional creado en 2013 por la Generalitat han reconocido que la ONU solo lo contempla para las situaciones coloniales.

Razones para no celebrar un referéndum

Las razones del Gobierno para rechazar un referéndum son cinco: que «la independencia de Cataluña tendría consecuencias negativas para todos los ciudadanos españoles», «que supondría la inevitable salida de Cataluña de la UE» y con ello un «perjuicio económico», que «dejaría a Cataluña divida en dos durante mucho tiempo», que «la secesión de Cataluña es un paso en la dirección contraria al espíritu de la integración europea» y, por último, que «al igual que en la gran mayoría de países del mundo, el Gobierno no tiene potestad para organizarlo sin una reforma constitucional».

En otro momento, se reprocha también que los líderes independentistas hicieron «creer que la independencia unilateral era posible e indolora», cuando «la realidad nunca fue esa y el Tribunal Constitucional advirtió de la gravedad de los actos hoy procesados desde 2016».

Justicia alegó «pérdida de confianza» para cesar a Bal, que era responsable de Penal de la Abogacía desde hacía 16 años.

En el juicio, la Abogacía acabó defendiendo el delito de sedición, además de desobediencia y malversación de caudales públicos. Según la abogada Rosa María Seoane, y al contrario de lo que sostiene la Fiscalía, la utilización de la violencia «como un medio de mayor intensidad que el uso de la fuerza» no fue uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los encausados.