El Gobierno gastó 8.000 € en promocionar su ley de desmemoria histórica en un curso de la Complutense

El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez gastó 8.000 euros en promocionar su ley de Memoria Democrática el pasado julio en un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid. Este desembolso se produjo en forma de patrocinio de este curso, en el que participó el propio secretario de Estado de Memoria Democrática, Francisco Martínez, para hacer propaganda de esta iniciativa que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.

En concreto, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, entonces dirigido por la ex vicepresidenta Carmen Calvo, adjudicó a la Fundación General de la Universidad Complutense el 6 de julio 8.000 euros en concepto de «contrato privado de patrocinio, mediante el procedimiento de contrato menor, del servicio Curso de Verano organizado por la FGUCM, M.P. denominado ‘Memoria democrática y ciudadanía: el Valle de los Caídos en perspectiva comparada’».

Este patrocinio, que fue tramitado como contrato menor, revela que la controvertida ley de Memoria Democrática está costando a las arcas públicas un dinero extra al contemplado en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Tales cuentas aprobadas el año pasado -todavía en vigor- incluyen previsiones económicas para la realización de «algunas de las actuaciones» incluidas en dicho proyecto de ley.

Por ejemplo, aquí figura la elaboración de un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra y la Dictadura por un importe global de 600.000 euros; la creación del Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, con un presupuesto que, en función del «software utilizado», puede oscilar entre los 300.000 y 500.000 euros o la creación de un Inventario de Lugares de Memoria Democrática, con un presupuesto de 50.000 euros. Además, se ha previsto un importe de 100.000 euros para gastos de funcionamiento del Consejo de Memoria Democrática y la elaboración de informes y estudios.

La nueva Ley de Memoria Democrática pretende ampliar la aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. El anteproyecto fue aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado 20 julio -un día antes de citado curso de verano de la UCM- después de incluir modificaciones sobre su articulado, que ya pasó por el Consejo de Ministros, en primera lectura, en septiembre de 2020.

En aquella conferencia, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Francisco Martínez, señaló en relación al concepto de «víctima» incluido en la ley que ésta reconocerá a quienes «no han sido reparados, sino criminalizados, estigmatizados y que, muchas veces, acabaron en fosas comunes».

«Extinción» 

Martínez López enfatizó que la normativa recoge un régimen sancionador para quienes incumplan sus medidas. Así, prevé multas que irán desde los 200 euros a los 150.000 euros. Además, el secretario de Estado recalcó que el texto promueve «la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo». En cambio, no ocurrirá lo mismo con aquéllas que hacen exaltación del totalitarismo comunista o del Frente Popular, pese a los crímenes como amparó, como la Fundación Largo Caballero, la Fundación Domingo Malagón, la Fundación Anastasio de Gracia o la Fundación Horacio Fernández Inguanzo.