El Gobierno debate reducir las garantías de los propietarios para facilitar el alquiler a inmigrantes

Los socios de Pedro Sánchez quieren que los propietarios reduzcan los documentos que se piden a los inquilinos para certificar su solvencia, en el caso de que estos sean inmigrantes. De esta forma, el Gobierno debatirá esta proposición, que también incluye que las personas que residen de forma ilegal en España puedan acceder a viviendas públicas, dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 que impulsará el Ejecutivo de coalición.

Sumar, Bildu y varios partidos que apoyan a Sánchez han presentado la proposición no de ley relativa a la erradicación de practicas de discriminación inmobiliaria, donde estos grupos exigen «adoptar medidas para acabar con las prácticas discriminatorias que tienen graves consecuencias en el acceso a una vivienda adecuada y asequible, garantizando el cumplimiento de manera efectiva de la legislación vigente sobre igualdad de trato y no discriminación y sobre el derecho a la vivienda».

Entre las acciones que exigen al Ejecutivo se encuentra la «regulación de los requisitos máximos y documentación necesarios para acceder a una vivienda en alquiler o compra de manera que se eviten procedimientos discriminatorios». Es decir, que en el caso de que los inquilinos sean inmigrantes, se reduzca la documentación que los propietarios piden para acreditar su solvencia y garantizase el cobro del alquiler.

Pero no sólo eso. La proposición no de ley también incluye la «incorporación en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 de medidas inclusivas y financiación suficiente para garantizar que garanticen un acceso equitativo a la vivienda a todas las personas, independientemente de su situación administrativa». Lo que, dicho de otro modo, se traduce en que las personas que residen ilegalmente en nuestro país tengan garantizada una vivienda pública.

«Elaborar campañas de información sobre los derechos de las personas arrendatarias dirigidas especialmente a la población migrante, con énfasis en la normativa de no discriminación residencial y programas de sensibilización dirigidos a profesionales del sector inmobiliario y propietarios, para prevenir conductas discriminatorias o, cuando las competencias residan en otras administraciones, ofrecer mecanismos de financiación de estas políticas para garantizar el mismo fin», añade la citada proposición.

Permiso para comprar

En esta línea, ERC, socio parlamentario del Ejecutivo de Pedro Sánchez, obligará al Gobierno a debatir sobre la imposición de un «sistema de autorización previa» a los residentes extracomunitarios que quieran comprar una vivienda. Es decir, quieren que los extranjeros que pretendan adquirir un inmueble tengan que «solicitar un permiso» a la comunidad autónoma y que ésta les dé su autorización antes de la compraventa. Sin embargo, no se queda ahí y la iniciativa de los independentistas plantea dar libertad a las comunidades para «ampliar los requisitos» y «limitar la compra» en función de las «necesidades» del territorio, sin acotarlo a los extracomunitarios.

El partido de Oriol Junqueras ha registrado una proposición no de ley para poner en marcha una serie de «medidas restrictivas efectivas respecto a la compra de vivienda por parte de personas extranjeras no residentes». Para los republicanos, no vale sólo con incrementar un 100% la carga fiscal sobre las compras de vivienda realizadas por aquellos que no sean europeos.

En primer lugar, el partido cuyo portavoz en el Congreso es Gabriel Rufián ha pedido «limitar la compra de propiedad inmobiliaria por parte de ciudadanos extranjeros no residentes en el Estado». Concretamente, exigen que las personas que vayan a adquirir la casa tengan «una residencia permanente» o hayan pasado «un mínimo de cinco años de manera consecutiva» en España.

Por último, ERC extiende la exigencia a todos los ciudadanos. Y es que pide actualizar las leyes de vivienda para garantizar «que las comunidades autónomas tengan competencia para evaluar los expedientes de las personas interesadas en adquirir una propiedad».

Y, en la misma línea, da potestad a las comunidades autónomas para que tengan «la capacidad de ampliar los requisitos y limitar la compra de vivienda en función de las necesidades y la realidad de su territorio». Todo ello sin acotar estas medidas sólo a los extracomunitarios, sino a todos los ciudadanos.