El Gobierno sopesa que sea obligatorio obtener permiso de la comunidad autónoma para comprar una casa

ERC, socio parlamentario del Ejecutivo de Pedro Sánchez, obligará al Gobierno a debatir sobre la imposición de un «sistema de autorización previa» a los residentes extracomunitarios que quieran comprar una vivienda. Es decir, quieren que los extranjeros que pretendan adquirir un inmueble tengan que «solicitar un permiso» a la comunidad autónoma y que ésta les dé su autorización antes de la compraventa. Sin embargo, no se queda ahí y la iniciativa de los independentistas plantea dar libertad a las comunidades para «ampliar los requisitos» y «limitar la compra» en función de las «necesidades» del territorio, sin acotarlo a los extracomunitarios.

El partido de Oriol Junqueras ha registrado una proposición no de ley para poner en marcha una serie de «medidas restrictivas efectivas respecto a la compra de vivienda por parte de personas extranjeras no residentes». Para los republicanos, no vale sólo con incrementar un 100% la carga fiscal sobre las compras de vivienda realizadas por aquellos que no sean europeos.

En primer lugar, el partido cuyo portavoz en el Congreso es Gabriel Rufián ha pedido «limitar la compra de propiedad inmobiliaria por parte de ciudadanos extranjeros no residentes en el Estado». Concretamente, exigen que las personas que vayan a adquirir la casa tengan «una residencia permanente» o hayan pasado «un mínimo de cinco años de manera consecutiva» en España.

Autorización con «carácter previo»

Segundo, propone imponer un «sistema de autorización previa». Este consistiría en que los «ciudadanos que cumplan uno de los requisitos mencionados» acrediten su «elegibilidad para adquirir una vivienda» a través de una «solicitud de un permiso». Como recoge la iniciativa, esta petición debería presentarse en «el departamento competente de la comunidad autónoma correspondiente».

En otras palabras, que todos los extranjeros no europeos que quieran comprar una vivienda tendrán que demostrar ante la comunidad que cumplen con cinco años de estancia en el país o que gozan de un permiso de residencia. Y este proceso debe cumplimentarse «con carácter previo a la compraventa del inmueble».

Algo que, en todo caso, no impediría que las empresas que tienen su sede en la Unión Europea puedan comprar inmuebles. ERC reconoce que tiene que haber «un régimen diferenciado para las empresas domiciliadas en otro Estado miembro». Y es que, por ser europeas, las compañías tienen asegurada «la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios» en el mercado interior, como reconoce la PNL del partido de Junqueras.

Limitación de la compra de vivienda

Por último, ERC extiende la exigencia a todos los ciudadanos. Y es que, pide actualizar las leyes de vivienda para garantizar «que las comunidades autónomas tengan competencia para evaluar los expedientes de las personas interesadas en adquirir una propiedad».

Y, en la misma línea, da potestad a las comunidades autónomas para que tengan «la capacidad de ampliar los requisitos y limitar la compra de vivienda en función de las necesidades y la realidad de su territorio». Todo ello, sin acotar estas medidas sólo a los extracomunitarios, sino a todos los ciudadanos.

El partido independentista pide «implementar una regulación clara y efectiva que limite realmente el acceso a la compra de vivienda por parte de no residentes». En su PNL, se solicita que se ponga el foco «especialmente en zonas de máxima tensión residencial».

Todo ello, según explican los republicanos, debe complementarse con «una estrategia más amplia para recuperar soberanía sobre el mercado residencial» además de con el objetivo de «garantizar el derecho de la ciudadanía a vivir con dignidad en su propio país». La medida se debatirá el próximo 10 de abril en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja.