El Gobierno admite el colapso en los centros de inmigrantes: están «al 99%» por el «récord de llegadas»

Aunque en público se intente trasladar normalidad a la llegada de inmigrantes, el récord de los últimos meses está llevando al límite los recursos de acogida. Así lo admite el propio Gobierno en una reciente resolución en la que se ordena una «planificación extraordinaria» de los recursos del sistema de acogida gestionados con las ONG, debido a la «situación de presión».

La llegada de inmigrantes ilegales desde el pasado verano ha sido de «récord», en la palabra utilizada por el propio Ejecutivo. En 2023, Canarias rompió todos los registros de inmigración ilegal llegada a sus costas. El contador se quedó a apenas 90 llegadas de superar la barrera de las 40.000, una cifra nunca antes alcanzada. Pero 2024 amenaza no sólo con superar ese récord, sino con pulverizarlo: con 16.000 llegadas en apenas 4 meses de año, las previsiones del Ministerio del Interior apuntan a que el ejercicio se cerrará con 85.000 entradas de inmigrantes ilegales a las islas del archipiélago canario.

A ello se añade la incesante llegada de refugiados que huyen del conflicto en Ucrania, que no sólo no cesa sino que se mantendrá en los próximos meses.

Ambos factores han desbordado las previsiones del Gobierno, que se ha visto obligado a ampliar su planificación de recursos.

«Fuerte presión»

«El sistema de acogida de protección internacional y temporal está teniendo que hacer frente a dos fenómenos que generan una fuerte presión sobre sus recursos: la prolongación del conflicto bélico en Ucrania y el incremento de llegada de personas migrantes a las costas españolas con intención de solicitar protección internacional», recoge la resolución del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con fecha del pasado 4 de abril.

Esto, prosigue, «ha provocado la persistencia de un porcentaje de ocupación del sistema extraordinariamente alto, un 99 % en la fase de valoración inicial y derivación y un 99 % en la fase de acogida, que obliga a adoptar las medidas necesarias para garantizar la capacidad para atender tanto las nuevas llegadas, en la fase de valoración inicial y derivación, para evitar cuellos de botella en la entrada, así como en la fase de autonomía, donde se concentra una parte importante de las personas ucranianas dentro del sistema».

El Gobierno admite, asimismo, que el número de solicitudes de protección internacional ascendió el año pasado a más de 163.000, lo que «supone un récord histórico y un incremento del 37 % respecto al ejercicio anterior». «A este hecho se le suma la llegada inusualmente elevada de personas a costas españolas durante 2023, más de 54.000, muchas de las cuales son solicitantes de protección internacional».

El Ejecutivo planifica un gasto de 49.297.812 euros en los recursos de «acogida y autonomía» de inmigrantes. Consisten en un amplio itinerario de medidas, que van en su primera fase desde la valoración de las propias necesidades de los inmigrantes, a recabar sus datos y atender a sus necesidades más básicas y urgentes, pasando por facilitarles un alojamiento y manutención, higiene y asistencia sanitaria y medicamentos, la prestación de atención social y psicológica, servicio de traducción, enseñanza del idioma y actuaciones de alfabetización.

En la fase de «autonomía» se facilitan al inmigrante «ayudas económicas destinadas a cubrir las necesidades básicas», «acompañamiento social, psicológico, jurídico y cultural» y «asesoramiento sociolaboral y apoyo en el acceso a programas de formación», entre otros.

El Gobierno paga a las asociaciones encargadas de la gestión de estos recursos hasta 56,75 euros por inmigrantes atendido en la fase de valoración y 32 euros en la de autonomía.

Para 2025, se prevé un gasto de 498.006.784 euros para el sistema, distribuido en sus distintos recursos.