La Generalitat exigirá a Sánchez 759 millones de euros y 56 transferencias en la bilateral

La Generalitat de Cataluña llega a la reunión bilateral con el Estado de este lunes con una carpeta bajo el brazo llena de peticiones inalcanzables, excepto si delante tienes a un presidente dispuesto a todo para seguir en el poder. La consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, que ha preparado la reunión junto a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, reclamará al Gobierno 759 millones de euros y la transferencia de 56 competencias en diferentes ámbitos.

Pere Aragonès no quiere ser menos que Iñigo Urkullu y se suma a la subasta de España que Pedro Sánchez inició desde su llegada a Moncloa a cambio del apoyo parlamentario de estos grupos a sus leyes. En el Palau de la Generalitat no son especialmente optimistas porque, según aseguran fuentes cercanas a Aragonès, «ya conocemos a Sánchez». La desconfianza mutua aún no ha desaparecido.

La reunión la presidirán Rodríguez, por parte del Gobierno, y Vilagrà, por parte del Govern. Pero no se llegará a ningún acuerdo que antes no hayan validado los dos presidentes, que estarán permanentemente informados de lo que pase en el transcurso de la cita a través de sus respectivos equipos. El encuentro de mañana lunes es la antesala de la mesa de negociación del referéndum separatista que Pedro Sánchez y Pere Aragonès, en la cita que tuvieron en La Moncloa tras la investidura del de Esquerra, acordaron celebrar el próximo mes de septiembre.

La posición del Tribunal de Cuentas con respecto a los avales de los investigados por la propaganda exterior o la posición de la Fiscalía en la causa del TSJC en la que se investiga al ex presidente del Parlament y consejero de Empresa, Roger Torrent, enturbian un poco el ambiente. Sobre todo porque JXCat no se aleja de la radicalidad y ERC no puede distanciarse mucho sin que le acusen de traición al independentismo.

Entre otras competencias, el Govern que preside Pere Aragonès reclamará al Ejecutivo de Pedro Sánchez la gestión de las becas educativas, el salvamento marítimo y la potestad sobre las titulaciones médicas. En materia fiscal también pedirán la gestión de varios impuestos, como hizo esta semana el Gobierno vasco y le concedió el PSOE a cambio de participar en la Conferencia de Presidentes Autonómicos de Salamanca, y el Ingreso Mínimo Vital, que les permitiría tener acceso a la base de datos de la Seguridad Social, clave para realizar un censo de cara a futuros desafíos separatistas.

Concesión en materia de Transportes

Tal como avanzó OKDIARIO esta pasada semana en exclusiva, una de las opciones que estudia el Gobierno y que tiene sobre la mesa la nueva ministra de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, la catalana Raquel Sánchez Jiménez, es ceder la gestión del puerto y el aeropuerto de Barcelona a la Generalitat. Es una larga reivindicación de los sucesivos Gobiernos autonómicos que reclaman también la gestión de la zona franca. Se trata de infraestructuras estratégicas que generan mucho dinero que, en caso de ser traspasadas, recaudaría el Govern a cambio de su gestión. En la actualidad el puerto lo preside el ex consejero de Territorio Damià Calvet, por un convenio entre la Generalitat y el Estado, y la zona franca la dirige el ex primer secretario del PSC Pere Navarro. El propio Pedro Sánchez anunció el jueves que se crearía una comisión específica de Transportes para abordar estos y otros asuntos.

Cataluña estará en la mesa de los Fondos

«Si queréis dineros de los Fondos Europeos de Recuperación para decidir vuestros propios proyectos, tendréis que sentaros a la mesa» le espetaron por teléfono Isabel Rodríguez y María Jesús Montero a sus homólogos catalanes, Laura Vilagrà y Jaume Giró. Tras no participar Aragonès en la cumbre de Salamanca, ahora Moncloa fuerza la foto de la unidad en torno a los fondos obligando a la Generalitat a acudir a la cita prevista también para este lunes, antes de la bilateral, y sentarse en la misma mesa que las otras diecisiete comunidades autónomas. Aquí, por ahora, o como mínimo en público, no habrá tratos diferenciales ni privilegios. Como buenos catalanes, cuando hay dinero de por medio, el Govern ya ha confirmado su asistencia.