García Ortiz amordazó a la cúpula fiscal: prohibió el debate para recurrir la amnistía en Europa

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha prohibido este martes a los fiscales de sala mostrar su visión sobre la conveniencia de que los jueces planten una duda jurídica al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con Ley de Amnistía. En la reunión clave de la Junta de Fiscales sobre el borrado de delitos, los miembros del Ministerio Público han mostrado su malestar por estar ante una discusión coartada.

El quid de la cuestión es si la malversación de fondos públicos para organizar un referéndum sobre la ruptura de un país de la Unión Europea afecta a los intereses de la UE y, por tanto, no se puede amnistiar en base a las directivas comunitarias. Varios fiscales, como desvela OKDIARIO, han pedido plantear sobre la mesa que si hay dudas sobre si hay perjuicio a los intereses europeos o no se debería ir al TJUE. Sin embargo, García Ortiz les ha frenado en seco.

Tal como expresan fuentes fiscales, García Ortiz ha comenzado la reunión sobre la Ley de Amnistía a las nueve y media de la mañana, limitando el debate. Lejos de dar toda la libertad de expresión a la treintena de fiscales de élite, el fiscal general ha marcado límites a una discusión que se ha alargado más de cinco horas. No se ha podido hablar de la posibilidad de aclarar las dudas con una cuestión prejudicial por parte de los magistrados españoles al TJUE, o con una cuestión de constitucionalidad ante la Corte de Garantías que preside Cándido Conde-Pumpido.

El resultado de la votación ha sido extremadamente ajustado. Diecinueve votos a favor de la tesis de García Ortiz, frente a 18 votos (17 en contra y una abstención). Las fuentes pulsadas indican que algún fiscal podría haber votado de forma diferente de haber escuchado todos los argumentos sobre las prejudiciales. Los hasta ahora fiscales del procés en el Supremo también han mostrado su descontento con la mordaza de García Ortiz. «No ha sido una buena idea. Ha generado incomodidad y malestar», resumen las voces consultadas.

García Ortiz ha impuesto su prohibición porque pedir a los jueces que presenten cuestiones ante el TJUE es una competencia exclusiva del fiscal general. Aunque la Junta de Fiscales tiene carácter consultivo y no vinculante, el tercer fiscal general nombrado por Pedro Sánchez ha optado por limitar el debate. A la postre, García Ortiz ha conseguido ganar en la votación y así justificar la sustitución de los cuatro fiscales por su número dos, María Ángeles Sánchez Conde, y por el también fiscal Joaquín Sánchez-Covisa.

En este marco, cabe recordar que, a diferencia de Pablo Llarena en el Supremo, el Tribunal de Cuentas ya avanzado expresamente su intención de presentar una cuestión prejudicial. En un escrito, la consejera que juzga la responsabilidad contable de los políticos independentistas pidió a las partes que se posicionaran sobre la conveniencia o no de acudir al TJUE. En ese caso, el fiscal Manuel Martín-Granizo Santamaría tendrá que presentar unas alegaciones que, antes, tendrá que aprobar Álvaro García Ortiz en base a su visión de la Ley de Amnistía. Si el fiscal del Tribunal de Cuentas se inclina por una posición que el fiscal general no aprueba, podría volver a tener que intervenir la Junta de Fiscales de Sala tras invocar el artículo 27 del Estatuto Fiscal.

Voto de Delgado

Por otra parte, otro de los detalles que no han pasado desapercibido ha sido la asistencia presencial de Dolores Delgado, fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática. El nombramiento de la ex ministra de Justicia en la citada fiscalía de Sala ha sido recientemente anulado por el Tribunal Supremo a instancia de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). El Alto Tribunal ordena «retrotraer las actuaciones para que el Consejo Fiscal resuelva si concurre o no» la incompatibilidad de ser fiscal de sala de memoria histórica y que su marido, el ex juez Baltasar Garzón, sea abogado especialista en esa materia en América Latina y otras zonas del mundo.

Como la sentencia del Supremo no se ha ejecutado, Delgado ha votado este martes a favor de los intereses de Pedro Sánchez. Sin su voto a favor de amnistiar la malversación, el resultado hubiera sido 17 votos a favor de García Ortiz, 17 votos en contra y una abstención. En ese caso, el fiscal general podría haber inclinado la balanza con su voto de calidad. En todo caso, el Gobierno de Pedro Sánchez plantea mantener a Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática tras el pronunciamiento del Consejo Fiscal.

Problemas médicos

También García Ortiz, ante la baja por enfermedad de dos fiscales, ha impulsado varios votos curiosos. La fiscal de Sala de Menores Teresa Gisbert ha votado a favor de amnistiar la malversación desde el hospital, tras sufrir un percance en un viaje desde Valencia y requerir una prueba médica. Igualmente, la fiscal de Sala de Extranjería Beatriz Sánchez ha votado telemáticamente desde un aeropuerto, o el fiscal del Supremo Joaquín Sánchez-Covisa ha regresado de vacaciones para mostrar su adhesión a las tesis de García Ortiz.