El Gobierno no niega al Congreso que Conde-Pumpido participara en la Ley de Amnistía
Se limita a decir en una respuesta parlamentaria que no es un proyecto del Ejecutivo sino una proposición del PSOE
Pedro Sánchez ya ha dado por hecho en varias ocasiones que el Constitucional validará la amnistía
El Gobierno de Pedro Sánchez no niega en una respuesta parlamentaria escrita en el Congreso que el magistrado y presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, haya participado en la redacción de la polémica Ley de Amnistía, que esta misma semana saldrá aprobada del Congreso con el voto de los socialistas y sus socios independentistas y seguirá su tramitación en el Senado.
En concreto, el grupo parlamentario de Vox se interesó en la Cámara Baja por la autoría intelectual de la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña que registró el Grupo Socialista. La formación de Santiago Abascal aludió expresamente al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y preguntó al Ejecutivo sobre «si algún juez o magistrado en ejercicio ha participado en la elaboración o redacción de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña o, incluso, si ha aconsejado o asesorado en su elaboración», planteó Vox.
«¿Ha consultado el Gobierno con el actual presidente del Tribunal Constitucional sobre algún aspecto de la amnistía, incluida su inconstitucionalidad?», formuló el partido de Abascal al Gobierno.
De igual modo, la tercera fuerza del hemiciclo denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere hacer públicos los informes que posee relativos a la amnistía, apuntando que la «ocultación de estos informes se podría deber a que están redactados por el propio presidente del Tribunal Constitucional».
«¿Ha solicitado informes el Gobierno sobre la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña? En caso de respuesta afirmativa, ¿de qué informes se trata y quién es el autor o autores de estos?», preguntó también Vox.
Ante tales cuestiones, según respuesta del pasado 28 febrero, el Ejecutivo de Sánchez se limitó a señalar que «la iniciativa legislativa por la que se interesan Sus Señorías es una proposición de ley y no un proyecto de ley del Gobierno». De este modo, Moncloa no desmintió la posible participación de Conde-Pumpido.
«En cualquier caso, la exposición de motivos, que precede el articulado de un texto normativo, refleja los criterios jurídicos y resoluciones utilizadas para su elaboración», añadió la contestación del Gobierno sin entrar en el fondo de las preguntas de Vox y eludiendo lo relativo a los informes.
Se da la circunstancia de que el propio Pedro Sánchez se ha mostrado convencido en varias ocasiones de que la Ley de Amnistía pasará el filtro del Tribunal Constitucional en caso de que sea objeto de recurso. El único grupo parlamentario que puede hacerlo es el Partido Popular.
Ya el pasado 3 de octubre, el día que Sánchez aceptó el encargo del Rey para presentarse a la investidura, se pronunció así sobre la Ley de Amnistía: «Los españoles tienen que tener las garantías de que, pese a que, lógicamente, las conversaciones tienen que ser discretas, los acuerdos serán transparentes y conocidos. Tanto es así que tienen que ser refrendados por el poder legislativo y seguro, porque ha ocurrido en la pasada legislatura, que hasta el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar».
Es decir, Sánchez todavía no había sido investido por aquel entonces y ya daba por hecho que el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido validará la amnistía a los líderes del procés.
Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha avisado en declaraciones públicas al presidente del Tribunal Constitucional de que aceptar la Ley de Amnistía sería «romper el Estado de Derecho» y convertir a ese tribunal en «sospechoso».
Además, después de que el pasado noviembre el ex ministro socialista de Justicia y magistrado del Constitucional, Juan Carlos Campo, se apartara de un recurso sobre la amnistía para proteger la «imparcialidad» del Constitucional, el PP también ha pedido a Conde-Pumpido y a la magistrada Laura Díez, ex alto cargo del Gobierno, que hagan lo mismo en cualquier debate sobre la ley de olvido penal a los cabecillas del 1-O.
Ex fiscal general con Zapatero
Más recientemente, en una entrevista en Antena 3 en el mes de enero, Feijóo criticó que el Tribunal Constitucional esté presidido por Cándido Conde-Pumpido, «un ex fiscal general del Estado nombrado por el gobierno de Zapatero», y que entre sus miembros tenga «un ex ministro de Justicia del señor Sánchez» y una ex asesora de Moncloa.
«Creo que esta situación la tenemos que superar», enfatizó, añadiendo que el PP defiende la independencia de los jueces y que ésa «es la diferencia» con el PSOE. Feijóo dijo en este contexto que él no estaba llamando «ilegítimo» al Tribunal Constitucional, sino que sólo estaba haciendo una «crónica» de la situación. Preguntado sobre si, pese a ello, el PP seguirá recurriendo al Constitucional, contestó que el principal partido de la oposición recurrirá «todo aquello que consideremos contrario a derecho», y todo apunta que así será con la Ley de Amnistía.