Ofensiva de García Ortiz: apartará a los fiscales del 1-O y colocará a una afín para imponer la amnistía

La aplicación de la Ley de Amnistía ha provocado el choque entre el fiscal general del Estado y los fiscales del procés. Y tendrá nuevos capítulos la próxima semana. Álvaro García Ortiz apartará a los fiscales del 1-O, que rechazan amnistiar la malversación, y colocará a una afín con ese cometido. Se trata de la teniente fiscal del Tribunal Supremo y miembro de su asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María Ángeles Sánchez Conde. Los cuatro fiscales del 1-0 se negarán a firmar la orden, impuesta este viernes por el fiscal general para amnistiar ese delito, y García Ortiz tendrá que colocar a otra fiscal que esté de acuerdo con sus tesis. Las fuentes consultadas apuntan a Sánchez Conde.

Los fiscales del 1-O -Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno- han rechazado este viernes el decreto de García Ortiz que ordena que «procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de la causa, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados». Esto afecta directamente al delito de malversación y a Carles Puigdemont.

Los cuatro miembros del Ministerio Público se habían opuesto a que se borrase el delito de malversación, como indica la Ley de Amnistía que Pedro Sánchez pactó con los partidos independentistas para lograr apoyos para su investidura. Así lo expusieron ya en un escrito, muy crítico, elevado en los últimos días. Sin embargo, el fiscal general del Estado les ha corregido ordenándoles a aplicar la amnistía a la «totalidad» de delitos cometidos por el separatismo, una vez que la Ley de Amnistía ha entrado en vigor.

Para Álvaro García Ortiz, los fiscales del procés confunden en su documento el «ánimo de lucro» que exige el delito de malversación con el «enriquecimiento personal de carácter patrimonial». Algo que, según el fiscal general, no ha tenido lugar en el procés.

«El perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al «enriquecimiento personal de carácter patrimonial», señala el jefe del Ministerio Público, que considera también que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea.

Lejos de acatar la orden, los cuatro fiscales del 1-o han invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Así, el próximo 18 de junio se celebrará una Junta de Fiscales, en la que serán apartados los contrarios a aplicar la amnistía a la malversación. «Entonces, García Ortiz colocará en su lugar a un fiscal de su cuerda, que podría ser su número dos, María Ángeles Sánchez Conde», señalan las fuentes pulsadas.

Sánchez Conde y García Ortiz mantienen una estrecha relación. La fiscal, que ingresó en la carrera en 1982, es actualmente su mano derecha. Los dos pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales y la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado les promocionó hasta llegar a la cúspide del Ministerio Público.

La Junta de Fiscales

El debate final sobre la Ley de Amnistía tendrá lugar en la Junta de Fiscales de Sala, una reunión que se celebra periódicamente y a la que asisten los 38 miembros de la cúpula fiscal. Si bien no estaba prevista su celebración en las próximas semanas, García Ortiz ha tenido que convocar la reunión tras negarse los fiscales del 1-O a asumir su posición sobre la amnistía.

En principio, el fiscal general tiene asegurada la mayoría, pues en los últimos años ha ido nombrando fiscales próximos a sus postulados. Además, el criterio jerárquico que rige en el Ministerio Público es suficiente para que se imponga su criterio.

Ya se vio un precedente en estas últimas semanas. Los fiscales de Sala abordaron si la Fiscalía debía pedir la inadmisión de la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso por revelación de secretos en el Ministerio Público de Madrid. Las votaciones concluyeron con 19 apoyos a la tesis de García Ortiz, mientras 12 fiscales votaron en contra. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no asumió este criterio y admitió a trámite el caso,. llamando a declarar a los fiscales que intervinieron en el asunto. El propio García Ortiz está a un paso de la imputación por este caso al asumir la responsabilidad de la difusión de los datos personales de la pareja de Ayuso.

Si la hoja de ruta se cumple, los fiscales de Sala escucharán las dos posturas y votarán en la reunión del próximo martes su posición sobre la amnistía. Prima el criterio jerárquico, por lo que prevalecerá la posición de García Ortiz. «La Fiscalía está más dividida que nunca, pero puede ganar la tesis de que la malversación sí se puede olvidar con la Ley de Amnistía», señalan fuentes jurídicas.