Los funcionarios cambian su versión ante la juez y ofrecen un relato para salvar a Franco por el 8-M

Los funcionarios de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid han cambiado de versión en la declaración ofrecida este jueves como testigos a la juez del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, para salvar a su ‘jefe’ José Manuel Franco del delito de prevaricación por el que está siendo investigado. Todos los trabajadores del organismo público se desdicen de los testimonios realizados ante los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil y ofrecen un nuevo relato.

El jefe de sección de Seguridad Ciudadana, Ignacio Ortiz Salazar, admitió a los investigadores haber realizado llamadas junto a dos auxiliares administrativos (cuyas siglas corresponden a J.L.S. y E.G.) para desconvocar manifestaciones previstas para los días posteriores a la celebración de la concentración feminista. Y admitieron que esas llamadas no quedaron registradas, tal y como debería hacerse con «todas» las que se efectúan. Pero éstas, revelaron a los agentes, no fueron «llamadas habituales». Así figuraba en el segundo informe entregado por la Guardia Civil.

En la semana previa al decreto del estado de alarma, la Delegación de Madrid llamó con «cierta firmeza» y con «insistencia manifestada» a varios convocantes de manifestaciones exigiéndoles que las cancelaran. Y además, les instaban a que les remitiesen por correo electrónico una carta anunciando la desconvocatoria, para que quedase constancia de que era por iniciativa propia del convocante.

La auxiliar M.L.A confirmó a los agentes haber realizado las famosas llamadas a partir del 9 de marzo y que «sabía que el director de su unidad se había reunido con el delegado del Gobierno y el secretario para tratar temas relativos a la crisis sanitaria del Covid-19».

Las declaraciones fueron demoledoras. Estas confesiones confirmaban las pesquisas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 51 contra el delegado socialista.

Cambian de versión

Sin embargo los funcionarios han decidido de golpe y porrazo ‘edulcorar’ el testimonio ofrecido en sede policial. «Lo que dije, ahora lo desmiento», han alegado ante la magistrada este jueves.

La juez, estupefacta por este cambio repentino, les cuestionó asombrada: «Pero a ustedes después de declarar le leyeron el testimonio, ¿verdad?» Los interrogados afirmaron.

Y con un rostro desencajado, Rodríguez-Medel les preguntó: «Y firmaron la declaración porque estaban de acuerdo con lo que reflejaba, ¿no?» «Así es, su señoría», respondieron de manera unánime los testigos.

Los funcionarios han ofrecido un relato casi ‘calcado’. Fuentes de la investigación sopesan que pudiese estar pactado. Ahora, los responsables y auxiliares aseguran que las llamadas que se hicieron no fueron para desconvocar las manifestaciones que tendrían lugar después del 8 de marzo, sino que –matizan– eran para «saber si las iban a cancelar». Recalcan: «Para informarnos simplemente».

«Los manifestantes les desmienten»

La juez también ha citado a declarar a los convocantes que recibieron llamadas desde la Delegación para suspender el evento. Cuatro de ellos han negado la versión ofrecida, tan sólo unas horas antes, por los funcionarios.

La presidenta de la Asociación de Personas Aptas sin ayudas de alquiler ha afirmado que le dijeron que «no podía llevarse a cabo la manifestación por motivos sanitarios», según han confirmado a OKDIARIO fuentes judiciales.

Del mismo modo, se han sumado a esta explicación el portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón y los representantes sindicales de Oficios Varios del Sur CGT y de Amazon. Este último ha añadido que le propusieron que cancelase la concentración «por la que estaba cayendo».

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que este cambio repentino de los trabajadores de la Delegación del Gobierno se debe a que «son conscientes» de que con el testimonio ofrecido a los investigadores se le podría imputar un nuevo delito a José Manuel Franco. Según la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, que regula el derecho a la reunión, establece en el apartado décimo que: «Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación».

Además, las mismas fuentes reprenden al delegado porque «debería haber tenido interés en informase sobre si existía un peligro» de contagio por el coronavirus, y en caso afirmativo «prohibir todas las concentraciones».

Franco culpa a Ayuso por el 8-M

Por su parte, el delegado socialista echa balones fuera y argumenta que «no recibió informes ni notificaciones» que le advirtieran parar las concentraciones por parte de la Comunidad de Madrid.

Además, alegó que permitió la celebración de la manifestación del 8-M porque «las competencias sanitarias no son de la Delegación del Gobierno, sino del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso».

Pese a no tener competencias en Sanidad, prohibió una manifestación a la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Extremadura apoyándose en dos aspectos: entrada en vigor del estado de alarma y riesgo de contagios por el Covid-19.