La Fiscalía dice que la Junta repartió más de 680 millones para los ERE «que no deberían haber salido»

La Fiscalía Anticorrupción ha cifrado el montante global de los fondos de la Junta de Andalucía para afrontar compromisos frente a terceros para el pago de las conocidas como ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre los ejercicios 2000 y 2009 en más de 680 millones, fondos que, según el Ministerio Público, «no debieron salir de las arcas públicas» y por lo que se generó un «evidente» riesgo de menoscabo de fondos.

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes la Fiscalía en su informe final del juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta –después de retirar la acusación contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa– por delitos continuados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los ERE con cargo al programa presupuestario 22E, posterior 31L, por parte de la Dirección General de Trabajo y que pagaba el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tras recibir los fondos por transferencias de financiación desde Empleo, en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001.

Según la Fiscalía, el montante global de los fondos del programa 22E y 31L destinados a afrontar compromisos frente a terceros asumidos por la Dirección General de Trabajo para dar ayudas asciende a más de 680 millones entre los ejercicios 2000 y 2009, incluyendo el crédito consignado inicialmente en los presupuestos y las modificaciones presupuestarias aprobadas.

Fondos destinados al pago de tres tipos de ayudas. Así, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha explicado que con ayudas sociolaborales se beneficiaron durante este periodo 77 empresas, que tuvieron la necesidad de presentar ERE o reducir la plantilla. A este respecto, la Fiscalía ha evidenciado que no fueron las únicas empresas con problemas en el periodo investigado, pero «no conocieron las ayudas» por la falta de publicidad y conocimiento general de la convocatoria de las mismas.

Sobre las ayudas a empresas en crisis y tomando como referencia las más de 200 ayudas analizadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la Fiscalía considera que resulta «iluso» pensar que 200 empresas andaluzas eran «las únicas en crisis en Andalucía». En este sentido, ha señalado que fueron privados de su derecho a acceder a estas ayudas.

El tercer tipo de ayudas fueron las que usaron fondos con fines distintos y ajenos a los recogidos en el propio programa 31L de Relaciones Laborales, como una campaña de publicidad del Servicio 112, el programa de formación del voluntariado de los Juegos del Mediterráneo de Almería, la financiación de subidas salariales contempladas en convenios colectivos o ferias de artesanías locales.

Sin el uso «inadecuado» de las transferencias de financiación para allegar fondos a IFA/IDEA para el pago de las ayudas, herramienta de presupuestación que impedía la fiscalización previa en la Consejería de Empleo de los expedientes de concesión de las subvenciones, hubiese sido «imposible» que los directores generales de Trabajo dispusieran «a su antojo» de estos fondos, que «no debieron salir» de las arcas de la Junta y que generaron «un evidente riesgo de menoscabo de fondos públicos».

En este punto, la Fiscalía ha señalado que como consecuencia de esta disposición de fondos sin control se dio la circunstancia de que empresas como Valeo recibieran ayudas previas a la jubilación ordinaria, al amparo de las órdenes ministeriales de 1994 y 1995 y cumpliendo los requisitos exigidos, y ayudas de los ERE.

Con respecto al riesgo «cierto» de menoscabo de fondos, la Fiscalía ha abordado la posibilidad de haber realizado un informe de actuación por parte de la Intervención General de la Junta. «La gravedad de los hechos e incumplimientos» recogidos por los informes de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA, especialmente el informe adicional del ejercicio 2003, conocido en 2005, suponen «una dación de cuentas para que la Consejería de Empleo hubiese cambiado su actuación y tomado medidas no sólo para el reintegro de los fondos, sino también para dejar la práctica reiterada de permitir salir fondos de forma ilícita».

El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, acusado en este juicio, dijo que «hizo lo que debió hacer» porque los hechos eran imputables a una Consejería –Empleo– distinta a la de adscripción de IFA/IDEA –Innovación– y por ello hicieron el informe adicional, que recogía una serie de deficiencias e irregularidades, entre ellas que se estaban concediendo ayudas prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y sin control previo. Para este informe la intervención analizó una veintena de expedientes de concesión de ayudas.

«La gravedad de los incumplimientos recogidos en el informe son reflejo evidente de riesgo de menoscabo y sólo la decisión de no querer ver más por los encausados, que pudieron seguir analizando todos los expedientes de ayudas, hizo que no se hablará de la constatación de un daño efectivo, real y cuantitativo muy importante de riesgo de menoscabo», asegura la Fiscalía.