El fiscal rechaza que se investiguen los contratos de publicidad dentro del ‘caso Bankia’

El fiscal del «caso Bankia» se ha opuesto a que se investiguen dentro de esta causa los contratos de publicidad que se otorgaron durante la presidencia de Rodrigo Rato y por los que presuntamente recibió comisiones, puesto que ya lo está haciendo el juez que indaga sobre la procedencia de su patrimonio.

En un escrito, Alejandro Luzón pide así que se desestime el recurso que interpuso UPyD contra la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de negarse a investigar dentro del «caso Bankia» la adjudicación a Publicis y Zenith de las campañas de publicidad del banco.

La formación de la que es portavoz Andrés Herzog pedía, en concreto, que se citara a declarar a Rato y a su presunto testaferro Alberto Portuondo, que cobró a través de Albisa Inversiones dos millones en comisiones de las compañías citadas a cambio de haber favorecido presuntamente su contratación.

Además, pretendía que reclamara al juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal los informes de la Oficina Antifraude que apuntan a que parte de ese dinero, 833.000 euros, fue transferido por Albisa a Kradonara, epicentro del entramado societario del ex vicepresidente del Gobierno.

Para UPyD, estos hechos «tienen una indudable relación» con el caso Bankia, ya que, en su opinión, Rato habría utilizado tales contratos para su beneficio personal, «colaborando a la despatrimonialización de la propia entidad que presidía».

Sin embargo, el fiscal del caso sostiene que practicar estas diligencias conlleva la acumulación de los dos procesos, a la que se opone por su «improcedencia» ante la necesidad de «impedir que dos juzgados estén practicando idénticas diligencias en el marco de dos procesos distintos».

Todo ello mientras el Tribunal Supremo debe dirimir sobre qué juez es el competente para hacerse con el caso en el que el exbanquero está imputado por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares después de que Andreu se negara a aceptar la inhibición planteada por Serrano-Arnal.

Si bien Luzón no entra a valorar en este nuevo informe sobre qué tribunal es el competente para hacerse con él, para su compañera en Anticorrupción y fiscal del «caso Rato», Elena Lorente, es indudable que es la Audiencia Nacional el tribunal que debe llevarlo, aunque desde el principio ha defendido que separadamente del «caso Bankia».

En contra de lo mantenido por Andreu, la fiscal cree que «no es Madrid donde se residencia únicamente la actividad criminal» del exministro, ya que Kradonara recibió transferencias de Albisa en dos cuentas en Madrid de las que luego se transfieren fondos a Bagerpleta, propietaria de un hotel en Berlín y en la que Rato posee una participación cercana al 50%.

Aunque la compañía alemana recibe el dinero en cuentas de una sucursal en Lérida, esas cantidades de origen supuestamente ilícito se destinaron a invertir en Alemania, una inversión que, en opinión de la Fiscalía Anticorrupción, integra la comisión de un delito de blanqueo que debe ser competencia de la Audiencia Nacional.

De no asumirla, la instrucción del blanqueo se plantea «inviable» porque el Juzgado de Madrid no puede instruir un delito cometido, aunque sea en parte, en el extranjero al carecer de competencia orgánica y territorial para hacerlo.

«Se trata de investigar el flujo dinerario que procedente del extranjero, de origen injustificado, llega a Kradonara y sale invertido a Alemania», incidía la fiscal, que recordaba, además, que Kradonara pertenece a Vivaway, una sociedad cuyo beneficiario último es Rato, constituida en el Reino Unido