Feijóo: «Sánchez ha cercenado las competencias del Parlamento para bloquear a la oposición»

Alberto Núñez Feijóo denuncia con contundencia lo que considera un deterioro deliberado de los equilibrios institucionales por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Según el líder del Partido Popular, el Ejecutivo ha vulnerado el funcionamiento básico del parlamentarismo, cercenando las competencias del Congreso de los Diputados y bloqueando sistemáticamente las iniciativas legislativas presentadas por la oposición.

Feijóo afirma que hay más de 15 leyes aprobadas en el Senado que no están siendo tramitadas en el Congreso, y que muchas propuestas impulsadas por su partido ni siquiera llegan a ser debatidas porque se paralizan en las ponencias o no se califican en la Mesa. Relata, además, un caso concreto: la retirada de enmiendas al proyecto de ley de desperdicio alimentario justo antes de su votación, en una maniobra que califica de antidemocrática, pese a contar con un informe contrario del secretario general del Congreso. A su juicio, el Parlamento se ha convertido en una cámara controlada por el Gobierno, desnaturalizando el papel de control y equilibrio entre poderes.

El líder del PP amplía su diagnóstico y acusa también al Ejecutivo de erosionar el Poder Judicial. Denuncia los ataques verbales de miembros del Gobierno y del PSOE a jueces y tribunales, el uso del término lawfare para desacreditar decisiones judiciales y la complicidad de un Tribunal Constitucional que —afirma— ha dejado sin efecto sentencias firmes del Tribunal Supremo. Frente a este panorama, defiende el acuerdo alcanzado para renovar el Consejo General del Poder Judicial como una garantía de equilibrio, y anima a los jueces a seguir ejerciendo su labor con independencia.

P.- ¿Va a derogar el sanchismo al 100%?

R.- Al 1.000%. Y es que no podemos aceptar aquello que se ha hecho contra la independencia de los poderes del Estado, las interpretaciones que está haciendo el Congreso de los Diputados en contra del parlamentarismo clásico tradicional, en el que el Congreso se vota lo que se vota. Las leyes del Senado se van al Congreso y se tramitan las ponencias, se activan para que pasen las leyes a comisión y después a pleno. Es que en nuestro país el Gobierno ha cercenado las competencias del Parlamento, ya que hay más de 15 leyes aprobadas en el Senado que no se están tramitando en la Cámara. Hay otras leyes que ha propuesto el Partido Popular y que no se están calificando en la Mesa y cuando se califican se paran en ponencia.

P.- ¿Está usted hablando de un golpe de Estado?

R.- Estoy hablando de una realidad que es incuestionable: el Congreso de los Diputados está bloqueando sistemáticamente las iniciativas legislativas de la oposición. Se nos está impidiendo gestionar, tramitar y votar nuestras propuestas. Y cuando no queda más remedio, como ocurre con mociones o proposiciones no de ley, el Gobierno simplemente ignora el resultado de las votaciones del Congreso y no las hace vinculantes. Esto, lamentablemente, no es una situación aislada. Es algo que se está repitiendo de forma constante.

El ejemplo más reciente es una ley que debía someterse hoy a votación [Se refiere a dos enmiendas del proyecto de ley de desperdicio alimentario que fueron aprobadas por el Senado y que se retiraron del texto antes de que el Congreso se pudiera pronunciar sobre ellas]. Desde el Congreso se ha convocado de urgencia una Junta de Portavoces y una Mesa para eliminar tres puntos del orden del día que no querían que se votasen, sencillamente porque los íbamos a ganar. Todo ello, a pesar de contar con un informe en contra del secretario general del Congreso. Y conviene recordar que dicho secretario proviene de un alto cargo del Gobierno, lo que agrava aún más la falta de neutralidad con la que se está arbitrando la actividad parlamentaria. Nada de esto tiene precedentes en el Congreso de los Diputados. Lo que estamos viviendo actualmente en España, tanto desde el punto de vista del Poder Legislativo como del Judicial, no se había visto nunca. Desde la tribuna del Congreso hemos escuchado a portavoces del Partido Socialista llamar «fachas con toga» a los jueces. Hemos visto a ministros hablar de lawfare, acusando implícitamente a los jueces de dictar sentencias injustas de manera deliberada, es decir, de cometer prevaricación. Y todo esto con la complicidad de un Tribunal Constitucional que ha dejado sin efecto sentencias firmes del Tribunal Supremo. Insisto: esta es la realidad del sanchismo, un modelo que está deteriorando gravemente la separación de poderes y la calidad democrática de nuestras instituciones.

P.- ¿Y qué hará para evitar que el Constitucional actúe como Tribunal de Casación del Supremo?

R.- Animar a los jueces en España a seguir siendo independientes. Por eso, animo a todos los magistrados a que activen todos los mecanismos jurisdiccionales a su disposición, y felicito a aquellos que lo hacen, como es el caso de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la sentencia de los ERE. Esa es la verdadera expresión de una justicia independiente, y constituye la base de cualquier democracia sólida. Porque sin justicia independiente, no hay democracia.

Cuando se me criticó por llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el tiempo ha demostrado que tomamos la decisión correcta. Lo que garantizamos con ese acuerdo fue precisamente que no existiese una mayoría automática capaz de controlar los nombramientos. Hoy en día, ningún juez del Tribunal Supremo, ninguna presidencia de Audiencia Provincial o de Tribunal Superior de Justicia puede ser nombrado sin una mayoría reforzada de 13 votos sobre los 21 miembros del Consejo. Es decir, ni los diez vocales propuestos por el Partido Popular, ni los diez propuestos por el Partido Socialista, junto a la presidenta, pueden imponer nada sin un amplio consenso. Esa es una garantía real de equilibrio e independencia.

La justicia española, después de aquel acuerdo impulsado por el Partido Popular, es más fuerte que antes. Y eso es fruto de la responsabilidad. Hemos demostrado que somos capaces de fortalecer la independencia judicial cuando actuamos con seriedad. Dicho esto, es preocupante ver al actual ministro de Justicia teniendo que comparecer ante un juzgado, después de haber descalificado a miembros de la judicatura en múltiples ocasiones. Es también gravísimo que el fiscal general del Estado se encuentre sentado ante el Tribunal Supremo, y que el Gobierno ni siquiera le permita dimitir. Todo esto debe describirse con objetividad, pero también con firmeza: son hechos incompatibles con la democracia que el Partido Popular defiende.