EXTERIORES HABÍA PROHIBIDO SU ENTRADA

Los ex consellers huidos aprovechan el final del 155 para volver a la sede del Govern en Bruselas

justicia belga
La ex consellera de Agricultura, Meritxell Serret, y el ex conseller de Salud, Toni Comín; y el ex consejero Lluís Puig, los tres militantes de ERC y fugados en Bruselas.

Los ex consejeros del Govern huidos a Bélgica, Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín, aprovecharán el primer día de levantamiento del artículo 155 para volver a entrar a la sede de representación permanente de la Generalitat en Bruselas, cuyo acceso tenían prohibido por órdenes de Exteriores. La última vez que uno de los tres lo hizo, Lluís Puig para participar en un acto cultural, se cesó a la directora general responsable de su entrada, Marina Falcó.

Ahora, recuperado el dominio de la Generalitat, los tres ex consejeros residentes en Bélgica acudirán mañana a la sede gubernamental catalana para escenificar el traspaso de poderes de sus consejerías junto a sus tres sustitutas: Laura Borràs, Teresa Jordà y Alba Vergés. Las tres consejeras viajarán por la mañana a Bruselas, para escenificar el intercambio de carteras en un acto a la una del mediodía.

Desde la aplicación del 155 y el cese del director de esa oficina, Amadeu Altafaj, la actividad de la sucursal de la Generalitat en Bruselas ha sido mínima. En enero, Carles Puigdemont intentó reunirse en ella con el presidente del Parlament, Roger Torrent, pero el personal de seguridad vetó su entrada y la celebración de ese encuentro y una posterior rueda de prensa.

Aunque el ‘Govern de la República’ dispone de una sede en la mansión de Waterloo, fuentes cercanas a los ex consejeros no descartan que acaben usando la sede de la Generalitat, muy cerca de la comisión europea, para desempeñar sus funciones.

Nuevas acciones legales

Antes de esa escenificación de cambio de carteras, las defensas de Carles Puigdemont y el resto de ex miembros del Govern huidos presentaran nuevas acciones legales antes los tribunales belgas. Según fuentes cercanas a dichas defensas, la intención es denunciar el seguimiento “ilegal” al que dicen haber sido sometidos durante los últimos meses por parte de los servicios secretos españoles en ese país.

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