La épica separatista se esfuma en el Supremo con la malversación cuasi acreditada

La épica se esfuma en el Tribunal Supremo con el trasiego apresurado de los testigos. A medida que avanzan las sesiones y lo mundano se hace tangible, la credibilidad del separatismo se desvanece con la misma velocidad con la que se concreta, por momentos, la responsabilidad de los encausados en los hechos objeto de análisis. La fase oral del juicio al ‘procés’, y su día a día implacable, han socavado el relato independentista hasta reducirlo a una narración encadenada de hechos y convertirlo en lo que realmente era para la Sala, desde un principio, la evolución lógica de la práctica de la prueba.

La versión improbable de una declaración unilateral de independencia meramente política, fruto de un golpe de Estado sin efectos jurídicos, pero resistente al desistimiento queda desdibujada por momentos. Nada es lo que parecía, sino peor. Muchos de los que estaban entonces, y abandonaron a tiempo, lo confirman en sus declaraciones -ayer inauguradas por los ex consejeros Jordi Baiget, Meritxell Ruiz y Jordi Jané- sentados frente al tribunal con la obligación de decir verdad pero, también, con la íntima convicción de que no merece la pena esforzarse por rescatar los mantras iniciales del pretendido «juicio político» que es una causa más, en términos procesales, a pesar del ‘macro’ que le precede y el ‘vip’ de los acusados.

Lejos quedan ya las referencias grandilocuentes de Junqueras a Cicerón, Sócrates y Séneca, en las tímidas afirmaciones del ex consejero Joan Ignasi Elena y la ex Presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus LLoveras. Ambos se distancian de la pretendida desconexión real hacia una república catalana y de los hechos preparatorios necesarios para materializarla.

«AMI es un espacio de debate político de más de 800 Ayuntamientos», asegura Lloveras, a quien parece no constarle que ninguno de ellos cediera locales públicos para las votaciones. «Lo que me consta es que hicieron una manifestación pública, sin ningún efecto jurídico, de apoyo al referéndum». Idem Elena con su, ya disuelto, ‘Pacto por el referéndum’: «El objetivo que tenía era acotado. Explicar a la sociedad catalana, española y europea que la manera de afrontar el conflicto era a través de un referéndum pactado. Las actividades finalizaron con una recogida de firmas». Vaya fiasco de revolución.

Los cargos que abandonaron el Govern en julio de 2017 se desmarcan de los hechos preparatorios del referéndum ilegal del 1-O, durante el tiempo en que formaron parte del mismo

Tampoco la ex cúpula política de los Mossos se esfuerza por hacer guiños mínimamente sublimes a las motivaciones que condujeron a ceses y dimisiones, en el seno de Interior, tras la llegada de Joaquim Forn a la Consejería, allá por el 14 de julio de 2017. Explicaciones «diversas:  de índole política, profesional, personal…», las que alega el ex director general del Cuerpo policial autonómico, Albert Batlle.

Batlle asegura que «el nuevo consejero tenía libertad absoluta para nombrar a su nuevo equipo» y sólo cuando, tras varias oportunidades, el abogado de la acusación popular insiste y pregunta si su decisión estuvo vinculada al 1-O, se atreve a responder: «Cómodo no me sentía. Estaba incómodo por cómo podían evolucionar las cosas. No sólo por el nombramiento de Joaquim Forn» -con quien había tenido una relación muy estrecha en el Ayuntamiento de Barcelona- «sino por la presión de ciertos grupos parlamentarios, que apuntalaban al Govern, con mi persona. La CUP había pedido en diversas ocasiones mi dimisión».

Ni siquiera las anécdotas, cada vez más infrecuentes y recatadas, son la sombra de lo que pretendieron algunas semanas atrás. El coordinador de la sectorial de la ANC ‘Mossos per la República’, Albert Donaire, predispuesto al espectáculo circense desfilaba de hecho, sin pena ni gloria,  y asépticamente reprobado al primer intento por el juez Marchena: «No confunda su escenario, ha sido citado como testigo, se va a limitar a responder a las preguntas. Usted es un agente de la autoridad y usted ahora está ante la autoridad judicial, obre como le impone su estatuto personal. Eso sí diga la verdad».

La malversación

De nuevo se ha hablado mucho, y a fondo, sobre ella. La malversación ha vuelto para quedarse. Jugada maestra a cargo de un peón en el tablero de juego ocupado por autoridades, políticos, mandos policiales y altos cargos que hoy han prestado declaración. Un empleado de Unipost, jefe de producción de una de las delegaciones de la ya extinta empresa de reparto de correspondencia, ha confirmado lo que todos trataban de esquivar con eufemismos. Hubo un encargo «especial» de la Generalitat para «repartir lo que era vox populi que nosotros íbamos a repartir, no por nada, sino porque éramos los que repartíamos todos los envíos».

Se refiere Rafael Ramírez, el artífice de una suerte de gesta anónima hasta la fecha, a su colaboración con los agentes de la Guardia Civil que se incautaron de un material electoral -tarjetas censales, sobres y papeletas- y a quienes facilitó un correo electrónico, recibido de su superior, y un pen drive que contenía un archivo Excel con información sobre este extremo. El testigo admite que estaban a la espera de un pedido, no identificado, que había que priorizar sobre el resto y repartir íntegramente en la misma mañana de su recepción: «Era una orden de trabajo. Para mi delegación, recordaba el número de envíos exactos que iba a recibir. Oficialmente no me constaba el motivo del envío, pero era un rumor en la calle y entre los empleados de qué se trataba».

Poco romanticismo encierra la administración desleal del patrimonio público que hoy, un simple trabajador de Unipost, ha verbalizado, por primera vez, en la Sala 

La dinámica de una suerte de errores contables, muy poco convincentes, exhibida por los directivos de Unipost que le preceden en su declaración, para excusar la falta de cobro de una factura proforma de más de un millón de euros, en una empresa en concurso de acreedores, palidece tras el testimonio de uno de quienes no toleraban aquello de «meternos en esto tal y como están las cosas». El malestar de aquellos trabajadores resulta, con la perspectiva lógica del tiempo, insultantemente comprensible y evidente.

Los reductos de la utopía política, reconvertida en mandato del pueblo, han sucumbido a la vulgaridad tangible que todo lo inunda cuando la malversación salta a la palestra. Poco romanticismo encierra la administración desleal del patrimonio público y la determinación de empeñarlo en funciones ajenas al interés general, causando con ello un perjuicio económico a la sociedad a la que pertenece.