Caso Lezo

Una empresaria de guarderías denuncia haber sido «estafada y traicionada» por la esposa de González

La esposa de González liquida su empresa de guarderías investigada en Lezo por blanquear 400.000€

Ignacio González
Ignacio González y su esposa Lourdes Cavero. (Foto: Getty)

La empresaria de guarderías de Castilla y León, Carmen Pazos, ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solicitando que su situación procesal en el caso Lezo cambie de imputada a testigo al sentirse «estafada y traicionada» por la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero.

El Grupo Empresarial Chickies se constituyó el pasado 16 de diciembre de 2016 y su domicilio social era el despacho profesional del expresidente de la Comunidad de Madrid, situado en la calle Alcalá nº 89 de la capital. La accionista mayoritaria del Grupo investigado por la Audiencia Nacional era la empresaria Carmen Pazos, propietaria de la conocida cadena de guarderías de Castilla y León, Mis Pollitos y que poseía un 40% de las acciones de Chickies.

Pazos quería expandir su negocio de escuelas infantiles a la Comunidad de Madrid y a otras regiones españolas. Mientras buscaba inversores para su proyecto, se cruzó en su camino Lourdes Cavero y ambas constituían el Grupo Empresarial Chickies, después de que la esposa de González consiguiera inversores para el proyecto.

En el recurso, la defensa de Carmen Pazos que dirige el letrado Enrique de Santiago sostiene que la empresaria «se ha sentido estafada de forma clara, pues ella efectúa una disposición patrimonial a favor de terceros de los que hay indicios de que pretendía traicionarla y abandonarla al poco tiempo de haber efectuado dicha disposición, pues formaban parte de un engaño que podría haber dado al traste con toda su empresa, pues ella confió en la aportación de fondos, activos y desarrollos posteriores que no sólo no se han visto realizados, sino que existen indicios de que no se iban a producir, pero de todo ello es ella la perjudicada y no la responsable».

El escrito se fundamenta en la necesidad de evitar «consecuencias y daños colaterales» a terceros, concretamente a la empresa Mis Pollitos, no sometida al procedimiento, que, con un mantenimiento procesal de investigado/imputado de su administradora, «se producen de forma innecesaria pero real, cruel y efectiva».

La defensa de Pazos señala que en la causa ya se conocen las investigaciones que se están llevando a efecto sin que ninguna de forma directa, personal o limitada a la acción de la empresaria, «esté en curso, de forma que nada nuevo se puede aportar a la causa que sirva de incriminación de esta, pero sí se le está imponiendo un censo que está asfixiando a empresas que no se encuentran, ni se han encontrado, en proceso de investigación».

«Lo que se realiza es una operación de constitución de una sociedad en la que la Sra. Pazos incluye unas unidades productivas de sus negocios y la Sra. Cavero hace lo propio con el ingreso de la cantidad en metálico que le corresponde, lo hace mediante ingreso en cuenta –los bancos no informan de posible blanqueo de capital- y ante el Notario se formaliza la oportuna Acta de blanqueo de capital, por lo que la Sra. Pazos no puede, no debe, no le es dado desconfiar de la procedencia de los fondos que aporta su, por entonces, socia» destaca.

Carmen Pazos, educadora infantil propietaria de Mis Pollitos.

«En este sentido», añade, «puede la Sra. Pazos haber sido objeto de un engaño o defraudación, pero no existe indicio alguno, o al menos no se pone de manifiesto, ni en la resolución judicial, ni en los escritos de la fiscalía, que puedan hacer suponer el conocimiento de esta, como autora del delito de blanqueo de capital, de la ilícita procedencia del dinero que se aportaba a la mercantil que se constituía».

«Las únicas diligencias que pueden afectar a nuestra representada serían aquellas tendentes a demostrar primero que los fondos aportados eran de procedencia ilícita y finalmente, y no menos importante, que ella sabía, conocía o era consciente de dicha procedencia ilícita, pues de no intentar demostrar tales datos, la investigación resultará estéril, como por otra parte lo será, por no haber sido en momento alguno» concluye.

La empresa de guarderías «liquidada»

La empresa de guarderías, Grupo Empresarial Chickies S.L., está siendo investigada por blanquear presuntamente 400.000 euros para el matrimonio González Cavero en el caso Lezo.

Cavero ocupaba los cargos de apoderada y consejera de esta sociedad hasta el pasado 26 de julio, fecha en la que se inscribió su liquidación en el Registro. En octubre, declaraba en sede judicial que «no hablaba con su marido de negocios en casa», negaba poseer dinero negro y se desvinculaba de la trama corrupta. Tras estallar el caso Lezo, la Audiencia Nacional bloqueaba la cuenta bancaria de la empresa de guarderías donde se ingresaban las cuotas mensuales de los niños y desde la que se transferían los gastos.

 

La esposa del expresidente madrileño se reservó un 20% de las acciones de la compañía por haber conseguido al grupo de inversores necesario para llevar a cabo los planes de expansión. El 40% restante de las acciones se repartía entre los inversores conseguidos por la propia Cavero.

Los inversores del Grupo Empresarial Chickies imputados son el empresario y amigo del matrimonio, Alberto Pérez de la Sal, que invirtió en el negocio de guardería con su sociedad Marmara Patrimonial. También la administradora de Inversiones Apolonio SL, las sobrinas de los González Cavero, Rocío y Leticia Bonet Cavero, el marido de la primera de ellas, Guido Vincenzini y por último, Pino Escudero del Castillo.

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