Delgado elegirá a un fiscal afín para que decida sobre la impugnación del indulto a los golpistas

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, echará una mano desde el Ministerio Público al Gobierno de Pedro Sánchez del que formó parte en la anterior legislatura. El Ejecutivo concederá los indultos a los independentistas condenados por el referéndum ilegal entre la última semana de junio y la primera de julio previsiblemente. A partir de ese momento, las partes podrán impugnar esta medida de gracia ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Una pieza clave en este puzle será la postura que adopte la Fiscalía y, con el objetivo de controlarla, Delgado ya se ha puesto ‘manos a la obra’. La fiscal general prepara el nombramiento de una persona de su total confianza al frente de la jefatura de lo contencioso-administrativo de la Fiscalía del Alto Tribunal que ha quedado vacante tras la salida de Pedro Crespo.

OKDIARIO ha podido saber de fuentes solventes que el fiscal Aurelio Blanco Peñalver se postula como el mejor candidato a ocupar la plaza que ha quedado libre. Este fiscal es miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma asociación a la que pertenece Delgado. Hay que destacar que la ex ministra de Justicia ha ‘colocado’ desde su desembarco en Fortuny, 4 a sus afines en la cúpula de la carrera fiscal.

El fiscal Aurelio Blanco ha estado durante casi 16 años al frente de la Fiscalía de Extremadura hasta este lunes, cuando ha tomado posesión su sucesor: Francisco Javier Montero Juanes. Pero este cambio de cromos, según fuentes consultadas, supone un ascenso en su carrera fiscal. Hace unas semanas fue designado nuevo miembro del Consejo Fiscal, órgano consultivo del ministerio público. Ahora es el favorito para una plaza que en los próximos meses adquirirá una relevancia clave para el Ejecutivo de Sánchez.

El papel de la Fiscalía

En la vía penal los fiscales del procés –Jaime Moreno, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal– se han mostrado firmes en sus informes. El último, sobre la concesión de los indultos por parte de Pedro Sánchez. Los fiscales del 1-O emitieron un duro escrito, respaldado por la Sala Segunda presidida por Manuel Marchena, en el que se mostraron en contra de esta medida de gracia que el Gobierno pretende conceder a los condenados.

El Ministerio Público subrayó «la enorme gravedad de los hechos» cometidos por los condenados. Añadió que «una de las condiciones mínimamente exigibles para su otorgamiento es la constatación de una aceptación manifiesta de la responsabilidad por el delito cometido y el decidido propósito de no reincidir como muestras de acatamiento a la legalidad conculcada», pero que «ninguna de estas circunstancias se ha acreditado en el presente caso».

El Supremo, más duro aún

Del mismo modo, la Sala Segunda del Tribunal rechazó de plano cualquier indulto «total o parcial» a los golpistas catalanes. Los magistrados detallaron que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados los independentistas, algunos de ellos a penas de 13 años de cárcel.

También afirmaron que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos y que «los argumentos en los que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el Gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo». Estos informes son preceptivos, pero no vinculantes, por tanto, el Gobierno de Sánchez podrá conceder los indultos, como ha anunciado que hará, a los separatistas pese al posicionamiento en contra del tribunal sentenciador y el Ministerio Final.

La última palabra la tendrá la Sala Tercera del Tribunal Supremo, encargada de dirimir sobre la impugnación de esta medida de gracia. Fuentes consultadas aseguran que en este procedimiento, el Ministerio Público deberá pronunciarse porque la impugnación del indulto se ejercitará por la vía de la protección de los derechos fundamentales.