Delgado ejercerá como inquisidora de los actos «contrarios» a la «memoria» que Sánchez pactó con Bildu

La ex ministra socialista de Justicia Dolores Delgado determinará, desde su polémico cargo como fiscal de Sala de Memoria Democrática, si en los actos «contrarios» a la «memoria» se producen «hechos constitutivos de delito» contra las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

La autodenominada Ley de Memoria Democrática, pactada entre Pedro Sánchez y Bildu, confiere a Delgado la «supervisión y coordinación de la acción del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos y actuaciones» a que se refiere la norma. Entre ellos se incluyen los «actos públicos contrarios a la memoria democrática». Es decir, aquellos «actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial».

Al respecto, la ley especifica que «si en la celebración de un acto público de esa naturaleza se advirtieran hechos que pudieran ser constitutivos de delito, las autoridades competentes pondrán los mismos en conocimiento del Ministerio Fiscal».

Delito

La Ley de Memoria Democrática castiga con hasta 150.000 euros a los dueños de locales públicos que permitan la celebración de un acto «contrario» a la memoria. Pero la apología del franquismo no figura expresamente en el Código Penal. O, dicho de otro modo, las loas al franquismo sólo son perseguibles si incitan a cometer un delito. El Tribunal Constitucional determinó que para que estos hechos sean perseguibles deben representar «un peligro cierto de generar un clima de violencia y hostilidad» contra las víctimas. Con frecuencia, la duda está en cuándo se supone que existe esa «incitación» y, por tanto, un riesgo y peligro real.

La cuestión es que Delgado, siendo ministra de Justicia, fue muy combativa con este asunto, y se mostró abiertamente partidaria de tipificar la apología del franquismo como delito. «Yo sí creo que sería bueno una reforma del Código Penal», manifestó en una ocasión, después de que decenas de nostálgicos del franquismo se concentraran unto al cementerio de Mingorrubio-El Pardo, donde fue enterrado el dictador, para despedirle con vivas y el brazo en alto.

En su día, el PSOE presentó una iniciativa en el Congreso que castigaba con hasta cuatro años de cárcel a quienes «lesionen la dignidad» de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. El programa electoral de 2019 también prometía una reforma del Código Penal para incluir como delito la apología del franquismo y «su exaltación y enaltecimiento en lugares de acceso público». Finalmente, los socialistas renunciaron a esa promesa en la Ley de Memoria Democrática, limitándose a pedir que se pusiesen en conocimiento de la Fiscalía aquellos «actos públicos» en los que «se adviertan hechos que puedan ser constitutivos de delito».

Polémica

Como Fiscal de Memoria Democrática, a Delgado le corresponde además impulsar la investigación de los hechos que «constituyan violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la Guerra y la dictadura».

Su designación por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha supuesto una enorme polémica y el rechazo de la mayoritaria Asociación de Fiscales, que este jueves se han negado a votar la propuesta.