El doctor ‘fake’ Sánchez quiere que PSOE y Podemos puedan perseguir a los diputados por su currículum

La Proposición de Ley del PSOE para modificar el Reglamento del Congreso con el fin de regular las relaciones entre diputados y ‘lobbies’ otorga a socialistas y Podemos un poder prácticamente ilimitado para perseguir a los diputados por el cumplimiento del Código de Conducta de la Cámara. Incluyendo, por ejemplo, las falsedades y ocultaciones en las declaraciones de bienes o de interés e, incluso, en los currículos que los parlamentarios exponen en su ficha.

Además de los grupos de presión, el texto de la iniciativa establece que los parlamentarios incurrirán en infracciones, por ejemplo, en el caso de «falsedad en las declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos» o en «el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el Código de Conducta de las Cortes Generales».

«Veracidad» del CV

Bajo ese enunciado genérico se incluiría, por ejemplo, la omisión o falsedad en los currículos que los diputados aportan en su ficha del Congreso.

Según se recoge en el citado Código de Conducta, la web del Congreso publicará una «breve reseña de datos biográficos personales, académicos y profesionales de los miembros de las Cortes Generales». Y, en este caso, como ocurre en el caso de las declaraciones económicas, se avisa de que «cada parlamentario se responsabilizará de la veracidad, exactitud y actualidad de la información publicada».

De esta forma, se podrá iniciar un procedimiento sancionador en el caso de observarse falsedades u ocultaciones en las declaraciones de bienes o intereses, y también en el caso de los currículos de los diputados.

Sanciones

En cuanto al procedimiento sancionador, la propuesta del PSOE indica que la iniciativa podrá corresponder a un grupo parlamentario, la Mesa de la Cámara, la Mesa de una Comisión o el Secretario General del Congreso de los Diputados, que «podrán denunciar cualquiera de los incumplimientos o infracciones enumeradas en el artículo 218 por parte de un
diputado, una diputada o grupo parlamentario».

En ese caso, el escrito se dirigirá a la Comisión del Estatuto del Diputado, que será la competente para instruir el procedimiento sancionador. Esta Comisión «podrá inadmitir a trámite la solicitud de iniciación de un procedimiento sancionador si considera que la misma carece de fundamento o no reúne los requisitos exigidos». Pero, a continuación, se añade que «la Mesa de la Cámara será informada de esta decisión, y podrá revocarla en el plazo de un mes». Este órgano, cabe destacar, cuenta con mayoría de PSOE y Podemos. 

Si se abre el procedimiento, se dará audiencia a los afectados, y se podrán recabar pruebas, «aplicándose a tal efecto lo dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo sancionador».

La Comisión tendrá un máximo de cuatro meses para resolver y, en función de la gravedad de los hechos probados, «podrá proponer las sanciones que considere pertinentes, que se podrán graduar desde el apercibimiento y aplicación en la web del Congreso de la infracción cometida por el diputado o el grupo hasta la retirada de cargos y complementos salariales» del infractor, «exceptuando los establecidos constitucionalmente», es decir, el ‘sueldo base’ de diputado.

Grupos de interés

La mayor parte de la iniciativa del PSOE versa no obstante sobre los denominados ‘lobbies’ o grupos de interés y su influencia en las iniciativas parlamentarias.

Entre otras medidas, el PSOE aboga por crear un registro de estos grupos, que tendrá carácter público a través de la web del Congreso, además de un Código de Conducta para los ‘lobistas’ y la obligación de que los parlamentarios comuniquen el contenido de sus contactos con los grupos de interés, difundiéndose en todo caso la identidad de las personas que han intervenido en los mismos, la fecha y las materias tratadas.

En la defensa de la iniciativa, el PSOE destacó que es «ineludible» llenar el vacío legal existente en esta materia y consideró esta reforma servirá para acercar la política a los ciudadanos.

Sin embargo, los grupos arremetieron contra el texto. Por parte de Vox se acusó al PSOE de plantear una iniciativa «profundamente tramposa» porque intenta «colar de rondón» un régimen de infracciones y sanciones general para los diputados.

«Las sanciones son necesarias para que las medidas se cumplan», replicó el diputado socialista Julio Navalpotro, quien afeó a los diputados del partido de Santiago Abascal que no detallen datos en sus declaraciones de intereses.