Ayuso desafía la ley de alquiler de Sánchez sacando un millón de m2 de suelo para abaratar la vivienda

Frente a una ley comunista, una respuesta liberal. La máxima de Isabel Díaz Ayuso vuelve a surgir en pleno impulso del Gobierno de su ley bolivariana de fijación de precios al alquiler de viviendas privadas y de castigo a los pisos vacíos. La respuesta de la presidenta del Gobierno madrileño es contundente: un plan de puesta en el mercado de hasta 191 grandes áreas de suelo público con un millón de metros cuadrados para disparar el número de viviendas y lograr abaratar el precio. Y, todo ello, sin limitar los derechos de los propietarios de inmuebles.

La idea del Gobierno de Sánchez y Belarra no es nueva. Llevaban más de un año negociando la aplicación de una norma que castiga a los propietarios que dejan sus viviendas vacías y que fuerza a la congelación o rebaja de los precios del alquiler privado. Isabel Díaz Ayuso era consciente de ello y decidió hace ya meses empezar a preparar el terreno para contrarrestar la medida y favorecer el desarrollo y generación de riqueza en la Comunidad de Madrid.

La primera de las medidas ya está casi finalizada: una nueva ley de liberalización de suelo que elimina las exigencias administrativas para favorecer la construcción: la modificación de la Ley del Suelo contempla que, con carácter general, se acometan las edificaciones de nueva planta, de escasa entidad constructiva y sencillez técnica al régimen de declaración responsable en materia de urbanismo, sin necesidad de tener que esperar al trámite de licencias.

Suelo público barato

Una de las medidas que se encuentra aún en fase de lanzamiento supondrá directamente la puesta en el mercado de suelo público barato con el objeto de disparar el número de viviendas y forzar una bajada del precio sin que a nadie se le limiten derechos y sin que nadie pague castigos fiscales.

El lote de solares es de una magnitud más que considerable: 930.000 metros cuadrados, por el que se esperan obtener 256 millones de euros. Se trata de una salida de suelo que ya ha comenzado, pero del que falta aún por adjudicarse el 60% de todo ese lote. El modelo en materia de vivienda del Gobierno regional apuesta, de este modo, por la colaboración público-privada para elevar la oferta sin restricciones ni limitaciones, poniendo suelo público en el mercado y ampliando el parque de vivienda pública para ayudar a los jóvenes, el colectivo con más dificultades tienen para acceder a un piso.

5.400 viviendas de alquiler

El primer paquete de 5.400 viviendas de alquiler asequible del Plan Vive para facilitar el acceso a la vivienda de los más jóvenes ya está en marcha. Y se completará con el denominado Plan de Venta de Suelo Público: 191 grandes parcelas de suelo ubicadas en 20 municipios de la región que serán destinados a uso residencial, comercial, industrial y hotelero. La idea es conseguir la colocación de todo este suelo antes de que finalice el año.

Los expertos que han trabajado en el plan de la Comunidad de Madrid señalan que la limitación de los precios de alquiler provocará el efecto contrario a la reforma de Díaz Ayuso: la reducción de la oferta, el incremento del precio medio, el deterioro del parque inmobiliario y la inyección de inseguridad jurídica entre los propietarios.

En la Comunidad de Madrid, de hecho, este sector inmobiliario supone el 14% del PIB y del empleo de la región, siendo el sector de la construcción el que más influye en el resto de los sectores económicos. Los cálculos del equipo de Gobierno de la presidenta madrileña afirman que, si se extrapolan los efectos de la norma en autonomías en las que se está aplicando ya la limitación de los precios del alquiler, el resultado será sensible: dejarán de iniciarse 2.370 viviendas al año de obra nueva destinada al alquiler libre, con una reducción de la inversión de 730 millones de euros, lo que afectaría al empleo de prácticamente 5.700 personas.

Paloma Martín, la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, sostiene, de hecho, que los “precios del alquiler de vivienda en España hasta ahora han sido libres y se rigen por el mercado. Pero la política de vivienda del Gobierno busca la confrontación con la propiedad privada y la demonización del sector inmobiliario”.