La «deslealtad constitucional» que plantea el PP busca igualar España a las normas de 6 países europeos

Con el delito de «deslealtad constitucional» que el PP plantea introducir en el Código Penal, el partido de Alberto Núñez Feijóo busca igualar la legislación española a la normativa de al menos seis países europeos: Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica y Portugal, según fuentes populares consultadas por OKDIARIO.

Se trata de un delito que el PP ha puesto sobre la mesa en su enmienda de totalidad a la proposición de Ley de Amnistía y que aglutina bajo dicha denominación distintos tipos que «actualizan el de sedición y que recuperan el de referéndum ilegal», precisan las fuentes citadas. 

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, explicó este jueves que el delito de «deslealtad constitucional» está concebido para castigar tres acciones: incitar a la desobediencia respecto a la legislación vigente, convocar referéndums ilegales y proclamar declaraciones unilaterales de independencia. Como castigo llevaría aparejada la disolución de partidos y organizaciones que comentan estos actos ilegales.

De esta manera, el PP pretende cubrir el vacío que el Gobierno de Pedro Sánchez dejó en el Código Penal español, por ejemplo, con la derogación del delito de sedición. Y es que los socialistas han despojado al Estado de instrumentos de protección del orden constitucional y la integridad territorial que, en cambio, sí existen en Europa pese a la propaganda de Moncloa, que ha ido aquí de la mano de los independentistas catalanes.

Por ello, el PP insta a fijarse en aquellos países europeos con «preceptos penales que, con uno u otro enunciado, castigan cualquier intento de secesión o ruptura con el orden constitucional vigente». En el caso de Alemania, su código penal castiga hasta con cadena perpetua la alteración del orden constitucional y los intentos de escindir una parte del Estado alemán (art. 81).

Por su parte, los artículos 333 y 334 del código penal de Portugal prevén penas de entre uno y ocho años de cárcel por resistencia y hasta tres años por algarada para perturbar el funcionamiento constitucional. Además, el artículo 308 establece penas de entre 10 y 20 años de prisión a quien «con abuso de funciones soberanas» intente separar una parte del territorio nacional.

En Italia, existen los delitos de resistencia regulados en los artículos 336 y 337 de su código penal. La sedición se castiga con penas de entre cinco y seis años de cárcel, según su gravedad. Además, su artículo 241 sanciona con una pena privativa de libertad «no inferior a 12 años» los ataques violentos contra la integridad, independencia o unidad del Estado.

En Francia, los artículos 410.1, 412.3 y 412.4 de su código penal castigan con penas de especial gravedad (que pueden llegar a cadena perpetua para los dirigentes del «movimiento insurreccional») los ataques a los intereses fundamentales de la nación, entendiendo como tal «su independencia, la integridad de su territorio, su seguridad y la forma republicana de sus instituciones». También entre los artículos 426 y 433 se regula el delito de resistencia con prisión de dos años, que sube a tres si se comete en grupo.

En el caso de Suiza, su regulación tipifica delitos contra el Estado que conllevan menos de un año de cárcel. Y el artículo 285 de su Código Penal sanciona la resistencia grave con tres años, incluso si se produce a través de un alzamiento.

En Bélgica, «el atentado que tenga por objeto destruir o cambiar la forma de gobierno o el orden de sucesión al trono» se castiga con penas de entre 20 a 30 años, imponiendo la misma pena tanto al delito consumado como al que sólo se intenta. En el supuesto de no usar armas, la pena será de uno a cinco años, según especifican los artículos comprendidos entre el 269 y 274 de su código penal.

Distancia con Vox

En este contexto, y marcando distancia respecto a la «ilegalización» de partidos separatistas por la que aboga Vox, Miguel Tellado enfatizó este jueves que incluir en el Código Penal la disolución de formaciones políticas «no es nada nuevo», ya que el vigente artículo 33.7 abre la puerta a esa opción en determinados casos para las personas jurídicas. «Nosotros lo que hemos hecho es vincular ese castigo a un nuevo delito de deslealtad constitucional», comentó el portavoz parlamentario del PP en declaraciones a los medios. «Es evidente que en España no se puede perseguir a un partido por las ideas que defiende, pero sí se puede por los actos ilegales que comete», remarcó.

De hecho, fuentes del PP subrayan que en el Código Penal español ya hay hasta 35 delitos donde se castiga con pena de disolución al partido político que los cometa, por lo que el delito de «deslealtad constitucional» que Feijóo avanzó en el debate de investidura -y que ahora está desarrollando el Grupo Popular- sería el número 36. Los 35 ya existentes son los siguientes:

1. Tráfico ilegal órganos
2. ⁠Contra la integridad moral
3. ⁠Ocultación de cadáver
4. ⁠Trata de seres humanos
5. ⁠Acoso sexual
6. ⁠Prostitución, explotación y corrupción
7. ⁠Descubrimiento y revelación de secretos
8. ⁠Estafas
9. ⁠Frustración de la ejecución
10. ⁠Insolvencias punibles
11. ⁠Daños informáticos
12. ⁠Contra la propiedad intelectual, industrial
13. ⁠Revelación de secretos de empresa
14. ⁠Contra los derechos de los consumidores
15. ⁠Contra el mercado
16. ⁠Corrupción en los negocios
17. ⁠Blanqueo
18. ⁠Financiación ilegal
19. ⁠Contra la hacienda pública: impuestos, seguridad social y subvenciones
20. ⁠Contra los derechos de ciudadanos extranjeros
21. ⁠Urbanización, construcción y edificación no autorizables
22. ⁠Contra los recursos naturales y el medio ambiente
23. ⁠Contra los animales
24. ⁠Relativos a las radiaciones ionizantes
25. ⁠Riesgos provocados por explosivos y otros agentes
26. ⁠Contra la salud pública (tráfico de drogas)
27. ⁠Falsificación de moneda
28. ⁠Falsificación de tarjetas y cheques
29. ⁠Cohecho
30. ⁠Tráfico de influencias
31. ⁠Malversación
32. ⁠Odio y enaltecimiento
33. ⁠Organización y grupos terroristas
34. ⁠Terrorismo
35. ⁠Contrabando

A la espera de su debate parlamentario la próxima semana, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, destacó este jueves que la enmienda a la totalidad con un texto alternativo que ha planteado el PP en relación con la amnistía «va en la línea del fortalecimiento del Estado de Derecho y de cubrir todos esos espacios de impunidad que se han originado en los últimos años». «Lo que busca esta propuesta es corregir ese vaciamiento para protegernos, para proteger el poder constitucional y también la integridad del Estado», recalcó.