El crimen organizado de Canarias ‘ficha’ a los inmigrantes ilegales recién llegados

La detención de cuatro personas que deberían estar custodiadas en uno de los «recursos de acogida» activados por el Gobierno acusadas de una agresión sexual en grupo ha hecho saltar la alarma acerca de la falta de control de los inmigrantes ilegales que son expulsados de esos centros. Recientemente 64 inmigrantes fueron expulsados de uno de los campamentos gestionados por Cruz Roja y han deambulado durante días por Las Palmas de Gran Canaria. El aumento del número de personas a las que no se puede expulsar por falta de documentación está provocando que grupos criminales consolidados se fijen en ellos para cometer delitos. De un tiempo a esta parte el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, asegura públicamente que la llegada masiva de inmigrantes ilegales a Canarias, entre 2020 y 2021 cerca de 30.000, no está suponiendo un aumento de la inseguridad en las Islas en general y en Gran Canaria en particular. De hecho, las cifras de criminalidad arrojan un moderado ascenso de los delitos cometidos por personas llegadas de forma ilegal a las Islas. Pero esa cifra tiene truco.

Fuentes policiales consultadas por OKDIARIO, aseguran que los agentes que a diario lidian con los problemas que se están generando por el aumento de la población en determinadas zonas de las Islas, sobre todo Gran Canaria, apuntan a una realidad bien distinta y menos benévola que la dibujada por el político portavoz del Gobierno de Sánchez.

Se producen dos fenómenos muy llamativos. El primero, que si bien hace un tiempo se detectó en la llegada de los inmigrantes ilegales una afluencia de estos con documentación de su país de origen, incluyendo a los nacionales de Marruecos, desde que se ha vuelto a activar el trámite de devoluciones al país vecino cada vez son más los que se deshacen de su documentación para evitar ser expulsados. Cabe recordar que Marruecos, como es lógico, no acepta nacionales indocumentados y que además las autoridades consulares en nuestro país ponen muchísimos problemas a la hora de dotar de copias de su documentación original a los que dicen haberla perdido al no poder probar, dicen, la veracidad de su origen.

Expulsados por las ONG 

El segundo factor diferencial que ha detectado la Policía a pie de calle es que los delitos no han aumentado significativamente, pero eso no afecta necesariamente a la sensación de inseguridad. Primero, porque muchos de los grandes problemas generados por este aumento poblacional desmedido se producen entre ellos mismos, en los centros de internamiento, campamentos u hoteles donde se les aloja. Además, las ONG encargadas de su custodia en estos centros o campamentos, los llamados “recursos de acogida” están empezando a expulsar de estos centros a los inmigrantes incapaces de cumplir determinadas normas de convivencia.

El pasado viernes Cruz Roja expulsó del campamento Canarias 50 a 64 personas por no cumplir las normas de convivencia. ¿Qué supuso esa decisión? Que medio centenar de inmigrantes ilegales haya dormido al raso cerca de una parroquia y que pequeñas organizaciones y vecinos hayan atendido las necesidades de los inmigrantes ilegales expulsados por mal comportamiento.

Llama la atención que las cuatro personas detenidas por presuntamente agredir sexualmente en grupo a una mujer el pasado viernes también fueron expulsados de uno de esos «recursos de acogida» por mal comportamiento. Y es que esa es la otra cara de la moneda. Fuentes policiales aseguran a OKDIARIO que la captación de estas personas por grupos delincuenciales ya establecidos en las Islas se está disparando: «Aquí en Las Palmas hay un grupo que opera en la estación de autobuses que ya lleva un tiempo aquí, aproximadamente pueden llevar operando en la zona dos años cometiendo pequeños robos y esos se han aprovechado de los que han llegado en esta oleada y son a los que reclutan para dar palos por ahí», explica una de las fuentes de OKDIARIO, que además asegura que «valerse de esas personas para cometer pequeños hurtos les resulta extremadamente práctico a efectos policiales, ya que al no portar documentación para evitar ser expulsados». Lamentablemente en esta suerte de miserable simbiosis también se ven involucrados delincuentes españoles que ven en la impunidad del indocumentado un arma poderosa para ordenarles cometer pequeños robos a cambio de míseras comisiones.

Estas mismas fuentes policiales también reaccionan a la tan cacareada ausencia del aumento de delitos por la llegada masiva de personas de forma ilegal: «Si no hubiera sensación de inseguridad ni necesidad de vigilancia en las calles, ¿por qué han obligado al Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil a regresar a la zona sur de Gran Canaria?, ¿Por qué cada dos semanas hay relevos de Unidades de Intervención Policías de la Policía?». Sólo se mandan policías y guardias civiles donde son necesarios.