El Consejo de Europa que examinará la amnistía sólo ha avalado esa medida ante el final de una dictadura

El Consejo de Europa que en las próximas semanas evaluará la Ley de Amnistía pactada por el PSOE y Junts sólo avaló esta medida ante el fin de una dictadura y escenarios similares. En el año 2013 se pronunció sobre una decisión del Parlamento de Georgia de aprobar una Ley de Amnistía para presos políticos encarcelados por el presidente del país. El dictamen aclaró que hipotéticas leyes de amnistía deben preservar en todo caso «los principios del Estado de Derecho, de legalidad, prohibición de arbitrariedad, así como no discriminación e igualdad ante la ley».

Sin entrar a considerar que la Constitución Española no contempla la posibilidad de aprobar una amnistía, el Consejo de Europa ya dijo, en su misión de fijar estándares democráticos, que la amnistía en Georgia se entiende en el «contexto del fin de conflictos, dictaduras, insurrecciones, justo después de una transición democrática, pero no después de eso».

Por tanto, el contexto español no encaja en la excepcionalidad que sí se daba en Georgia. Allí el ex presidente Mijeíl Saakashvili está en prisión acusado de una decena de delitos. El Parlamento de Georgia, en junio de 2015, aprobó en un informe que, entre 2004 y 2012, la tortura tenía carácter sistemático e intensivo y estaba autorizado por los responsables políticos del Gobierno.

En este contexto, la Comisión de Venecia –técnicamente denominada la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, órgano consultivo del Consejo de Europa– se va a reunir en marzo en la ciudad italiana para aprobar un informe sobre la Ley de Amnistía de Sánchez. Tratará de dilucidar técnicamente si la polémica norma cumple con los estándares europeos democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Cabe destacar que la propia Ley de Amnistía, en su Exposición de Motivos, cita la Comisión de Venecia. El texto de socialistas e independentistas asegura que ese órgano «ha dejado clara la validez de medidas como la amnistía y su compatibilidad con las decisiones judiciales, tanto en su Recomendación CM/REC(2010)12, como en su sesión plenaria del 8 y 9 de marzo del año 2013». No obstante, esconde la letra pequeña de ese posicionamiento.

Sobre la primera de esas referencias llama la atención que la Recomendación se aprobó por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre independencia judicial. No tomó parte la Comisión de Venecia. Ahí se justifica la «excepcionalidad» de una amnistía por «altos principios humanitarios», que tampoco se ajustan al contexto catalán. Ni siquiera la Ley de Amnistía habla de esa circunstancia.

Por otra parte, como señala Rafael Rubio, ex miembro de la Comisión de Venecia, resalta que se cita la sesión plenaria de la que sólo se puede rescatar un breve acta. Es como citar un debate parlamentario, lo que no tiene valor jurídico alguno. No obstante, al profundizar en esa sesión se descubre que ahí se aprobó el informe sobre Georgia.

El experto citado reconoce que todas las amnistía siempre bordean los criterios para ser legales. En todo caso hay que atender que nunca pueden olvidar crímenes internacionales como torturas, tratos inhumanos o degradantes en línea con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el deber de facilitar una reparación a las víctimas y el derecho a conocer la verdad. Lo que quedaría infringido desde la Exposición de Motivos que hace una lectura sesgada de lo ocurrido en la región catalana.

En otro apartado de las conclusiones de Venecia se impiden las amnistías particulares y, además, que el Parlamento elija a los beneficiados. Se trata de otro punto clave que podría frenar los planes de Sánchez.

Del mismo modo se censura que la amnistía sea un coladero para delitos comunes. Algo que también podría ocurrir en España. La amnistía sólo podría ser válida para casos de «delitos políticos». Reconocer la existencia de presos y condenados políticos refuerza la idea de lawfare o persecución espúrea por parte de la Justicia que ha escandalizado a buena parte de las instituciones del Estado y de sectores profesionales.