El Congreso aprueba por unanimidad el decreto que da competencia a los ayuntamientos en violencia de género

A pesar del apoyo, el Gobierno también ha recibido críticas por la falta de diálogo para redactarlo e incluir medidas insuficientes.

Carmen Calvo
Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno. (EP)

Los grupos parlamentarios han mostrado, este jueves, su apoyo a la convalidación del decreto del Gobierno con medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por el que se devuelve a los ayuntamientos las competencias en esta materia, se activan los presupuestos acordados y se garantiza que los menores víctimas de violencia machista no necesiten el permiso del maltratador para obtener atención psicológica. Todas las formaciones han coincidido también en apoyar la tramitación de este texto como proyecto de ley.

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la presidencia y de Igualdad, Carmen Calvo, ha defendido en su intervención la labor de la administración local, señalando a los consistorios como una de las posibles soluciones a la falta de denuncias de mujeres maltratadas. La ministra se ha referido a una macroencuesta elaborada por su departamento de la que se desprende que el 70 por ciento de las asesinadas no había denunciado.

A su juicio, una víctima de violencia machista acudirá antes a una casa consistorial que a una comisaría, de ahí que este decreto busque este cambio de competencias y permita a los ayuntamientos contratar personal especializado para la detección de casos. Se trata, según ha indicado, de convertir el ayuntamiento en "un espacio seguro" para la mujer.

La titular de Igualdad ha señalado esta medida como un primer paso y ha indicado que se seguirá "ampliando esta línea de trabajo". De ahí que el Gobierno socialista ya haya anunciado su intención de doblar los presupuestos destinados a las administraciones locales porque los actuales 20 millones les parecen "poco".

Pero, además, Calvo ha hecho hincapié en la situación de los menores víctimas de violencia, que en España son casi un 60%. Del mismo modo, ha indicado que la corta edad del 93,7% no les permite identificar como tal la situación en la que viven. "Esto nos obliga a poner en marcha la ayuda en ese tramo de minoría de edad y por eso se contempla la modificación del Código Civil", ha indicado la número dos del Ejecutivo.

Discrepancias

En su intervención, Calvo ha pedido el consenso de todas las formaciones, un acuerdo que ha conseguido, aunque no se ha escapado de las críticas, principalmente de Unidos Podemos y Ciudadanos, por falta de diálogo y por un contenido insuficiente, y de PNV y ERC, que han puntualizado algunas discrepancias en materia competencial por parte de las comunidades autónomas.

La mayoría de las formaciones han aplaudido la decisión del Gobierno de solicitar la petición para que este decreto se tramite como proyecto de ley. Uno de ellos del PP, quien ha señalado que buscará modificar "aquellas cosas con las que no está de acuerdo".

Aún así, su portavoz en materia de Igualdad, Marta González, ha indicado que están a favor de la convalidación porque son conscientes del esfuerzo que ha supuesto el Pacto de Estado en contra de la violencia machista, y porque el PP cree "firmemente en que esta violencia no terminará sin unión".

También Ciudadanos se ha referido a la tramitación como proyecto de ley de este decreto, aunque para echarle en cara al Gobierno que, aunque ellos ya habían pedido este procedimiento, finalmente se ha traído a la Cámara porque si no, el Ejecutivo no contaba con el apoyo de todos los partidos. "Lo hacen porque no tenían los votos de sus compañeros los independentistas", ha indicado la portavoz de Igualdad ‘naranja’, Patricia Reyes.

En este sentido, su homóloga de ERC, Ana Surra, ha explicado en su intervención que no están muy conformes con la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que propone el decreto y que determina que el Gobierno destinará a los ayuntamientos de forma directa, y no a través del Ejecutivo autonómico, los presupuestos destinados a combatir esta lacra. Para los republicanos, el Ejecutivo se está saltando un paso porque, según ha explicado la diputada, no concibe "ninguna medida tomada en esta materia sin la Generalitat".

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