Los conductores de los 22 ministros llevan al Gobierno ante el Supremo para tener un calendario laboral

Los 750 conductores de la Presidencia del Gobierno, los ministros y los altos cargos pertenecientes al Parque Móvil del Estado, así como los que prestan servicio en Casa Real y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otros organismos, están hartos de que el Ministerio de Hacienda, de quien dependen laboralmente, les ignore a ellos y a la Inspección de Trabajo y no establezca un calendario laboral y un mecanismo informatizado de fichaje, ambas cuestiones, de obligado cumplimiento en cualquier centro de trabajo desde mayo de 2019. El 26 de septiembre la causa llegó al Tribunal Supremo que decidirá la competencia sobre la denuncia interpuesta por los trabajadores.

Tan cansados están los conductores que ha sido uno de los sindicatos «no oficialistas” del Parque Móvil, el GTP (Grupo de Trabajadores del Parque Móvil del Estado), quien ha llevado la causa contra la ministra María Jesús Montero, es decir el Gobierno, hasta el Tribunal Supremo, que decidirá si la competencia para dilucidar este asunto pertenece a los tribunales de lo Contencioso Administrativo o al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Ya el pasado 26 de septiembre la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo emitía una diligencia de ordenación para llamar a las partes y dirimir esta competencia.

El actual sistema informatizado para fichar en el Parque Móvil es prácticamente inexistente. Sólo los conductores del sistema GAMO (Gestión Automatizada de la Movilidad Oficial del Estado), unos 80 de los 750, pueden fichar. El resto, cuando llega a su trabajo, se apunta en una hoja, así como el servicio que realiza ese día, y cuando termina vuelve a apuntarse, si lo recuerda. Sólo el personal que está bajo control, en concreto los 80 conductores de GAMO pueden hacerlo con una aplicación en el teléfono móvil que lleva el mismo nombre.

Este sistema decimonónico ya ha provocado quejas privadas y públicas e incluso demandas particulares de algunos trabajadores que han ganado, en su mayoría, en los juzgados laborales, ya que el Parque no les reconocía las horas extras. Estas quejas se producen desde hace años porque el ministerio de María Jesús Montero se niega reiteradamente a cumplir la legislación laboral, que obliga desde mayo de 2019 a fichar y tener un calendario laboral, algo inédito en un organismo público que debería predicar con el ejemplo. Las quejas sólo provocaron la reacción de un pequeño sindicato, el GTP, que denunció ante la Inspección de Trabajo estas irregularidades en noviembre de 2020.

En concreto, la denuncia recogía una reclamación sobre las horas extraordinarias, de “servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo como consecuencia del aumento de horario que habitualmente muchos/as conductores/as se ven obligados/as a realizar atendiendo a las necesidades de los servicios de conducción asignados, tienen la consideración de horas extraordinarias (…)”. El problema es que en el Parque Móvil del Estado es imposible saber cuáles son las horas extraordinarias reconocidas como tal. Algunos trabajadores del Parque Móvil explican que “si un día te toca hacer diez horas seguro que al día siguiente haces menos” y por tanto, esta práctica está admitida sotto voce por algunos conductores, pero no por todos.

La inspectora de Trabajo investigó la denuncia de GTP y si se carecía “de control horario, calendario laboral e incumplimiento del acuerdo de jornadas especiales con respecto a la vacaciones y días de libre disposición para el personal conductor” y por tanto requirió en un oficio al subdirector del Recursos Humanos del Parque Móvil del Estado (PME) información al respecto.

La respuesta del subdirector de Recursos Humanos del Parque, Julio Gutiérrez, a la Inspección de Trabajo fue que “el PME no dispone de calendario laboral propio, ajustándose a lo dispuesto por la normativa vigente (…)”. Respecto al control horario respondía el PME que “la especificidad de la jornada y horario especial del personal conductor en el PME viene motivado por las especiales características que conlleva la ordenación de los servicios de conducción, tanto por el tipo de usuarios al que prestan los servicios como la duración y carácter de los mismos fundados en la flexibilidad de los tiempos y modos de prestación”. Los conductores del Parque Móvil llaman a esto, con humor, “descontrol controlado”.

Aún así la inspectora de Trabajo mandó un requerimiento al Parque «para que antes de que finalice el año 2020 proceda a convocar a los representantes de los trabajadores con objeto de iniciar las negociaciones para la elaboración del calendario laboral del año 2021». Como ambas partes no realizaron el calendario laboral, uno de los sindicatos no mayoritarios del Parque, GTP, acudió a los juzgados. El caso fue a los tribunales de lo Contencioso-Administrativo, donde se presentaron fiscal, las partes y el abogado del Estado; de allí fue al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y luego a una de las salas de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que lo devolvió al TSJM, que a su vez lo mandó al Supremo para que estableciera qué juzgado es el encargado de decidir sobre tan complicado asunto.

El 30 de diciembre de 2020 la Inspección de Trabajo recibió una nueva denuncia, en este caso referente a la «asignación de servicios durante la celebración de la Cumbre del Cambio Climático». En esta ocasión, la Inspección requirió al Parque «para que una vez que se elabore una nueva resolución donde se fijen las instrucciones para el abono de los servicios de automovilismo del Parque proceda a su publicación (…)».

¿Qué hizo el Parque Móvil para eludir a la Inspección? Recurrió a una instrucción de la dirección del Parque Móvil con fecha de 13 de mayo de 2021 dice que «el personal funcionario y laboral que presta servicios en el Parque Móvil del Estado se regirá en materia de jornada y horarios por el calendario laboral establecido en la vigente Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública (…)». Es decir, que no hay una norma específica y propia del Parque Móvil para tener su propio calendario laboral y por tanto los trabajadores deben acogerse a la norma general, que evidentemente no recoge los casos particulares del trabajo del Parque Móvil. Para quitarse de encima otro «marrón» por las quejas sobre los turnos de vacaciones la misma instrucción recoge que «en cuanto a la regulación específica de la jornada de verano y la jornada especial durante las fiestas locales, se estará a lo dispuesto por las Resoluciones de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda sobre esta materia». Más de lo mismo para los conductores de los ministros, jueces del Constitucional y directores generales entre otros.

Casa del Rey

Los 750 conductores del Parque Móvil son los encargados de conducir desde a los miembros de la Familia Real hasta a directores generales o asimilados, pasando por la Presidencia del Gobierno -con excepción del presidente Sánchez- ministros, secretarios de Estado, miembros del CGPJ, del Consejo de Estado, Fiscalía General, del Tribunal Constitucional y un largo etcétera de organismos. El Parque dispone de turismos, 302 coches blindados, 7 motocicletas y microbuses para realizar su servicio y cada departamento factura directamente al organismo para el que realiza el servicio, por días u horas dependiendo del cargo que lleven o del tipo de servicio realizado.

El personal al servicio del Parque Móvil del Estado a 31 de diciembre de 2021 ascendía a 873 personas (87,4% hombres y 12,6% mujeres), de los cuales el 86,8% son conductores y el resto, personal de oficinas y talleres. El personal conductor ha disminuido en el año 2021 en 15 personas, un total de 758 efectivos. Es un 1,9% menos de personal conductor con respecto a 2020. Además, la mayor parte de los conductores tiene más de 45 años. Por eso está previsto contratar a nuevos conductores antes de que termine 2022. El Parque Móvil facturó a los ministerios y otros organismos para los que trabaja 2,8 millones de euros en 2021.