Condena a la Oficina Antifraude de Ximo Puig por negarse a dar información de las ayudas a su hermano

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acaba de dar la razón al PP en su exigencia de documentación sobre las subvenciones pagadas por el Gobierno de Ximo Puig a las empresas de su hermano.

El tribunal, en sentencia del 4 de junio, tumba el ocultismo de la Agencia Antifraude del Gobierno de Puig y estima «la solicitud de documentación presentada el 28 de agosto de 2019», reconociendo la «vulneración del derecho fundamental recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española» y «el derecho de la demandante a obtener de la
Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la
Comunitat Valenciana, a través del presidente de Les Corts la
documentación solicitada».

El trasfondo de esta historia no es otro que el hecho de que el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha dado orden a las consejerías de «proteger a sus hermanos» ante los expedientes, las denuncias y las investigaciones por posibles irregularidades que están llevando a cabo a À Punt y organismos como la Agencia Antifraude y la Comisión Nacional de Valores y la Competencia de la Comunitat en relación a los contratos públicos y subvenciones concedidas por Puig a las empresas de sus hermanos y de sus socios.

«Apagón informativo»

La portavoz adjunta del GPP en Les Corts y secretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz, ha denunciado ante el juzgado en numerosas ocasiones las posibles irregularidades que pesan sobre infinidad de contratos y subvenciones públicas suscritas entre el Consell del socialista Ximo Puig y sus hermanos y el «apagón informativo ordenado por Puig» para acceder a la documentación relacionada con su familia.

El último capítulo ha sido el protagonizado por la Consejería de Economía, que, en un escrito, deniega a Eva Ortiz la documentación relacionada con una denuncia de À Punt contra las empresas de los hermanos de Puig. Es más, esa consejería reconoce que tiene orden de «proteger a los denunciados».

Además, en el documento, según ha explicado Eva Ortiz, la Consejería de Economía reconoce que «hay un expediente abierto, reconoce que se está ejerciendo la potestad sancionadora y que puede haber conductas que podrían ser delictivas incluso merecer un reproche penal» en relación a la posible concertación de precios entre los hermanos de Ximo Puig y sus socios, para hacerse con varios de los 12 lotes de la televisión pública À Punt.

Hay que recordar que la citada televisión pública valenciana sorprendió a siete productoras regionales pactando precios para repartirse parte de un concurso de servicio de imágenes dividido en doce lotes y por un valor total de 323.000 euros. La mesa valoró la posibilidad de que existieran conductas contrarias al principio de libre competencia y al principio de propuesta única y remitió la documentación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En su investigación, la mesa de contratación descubrió un presunto pacto de precios para, distribuirse parte de los lotes entre las empresas del hermano de Ximo Puig y sus socios (Comunicacions dels Ports, Kriol y Canal Maestrat), empresas que presentaron la misma oferta económica para los lotes 1,2 y 3, respectivamente.

Poco después y al no recibir respuesta, el organismo decidió suspender temporalmente la contratación de estos lotes. Todas las sociedades enviaron aclaraciones excepto Comunicacions dels Ports y Produccions Nova Films.

Querella

Esta denuncia se suma a otras causas denunciadas por Eva Ortiz y que tiene abierta actualmente el hermano del presidente. El PP presentó en marzo de 2019 una querella contra el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano y contra el hermano del presidente Puig Francisco Javier Puig por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones por haber recibido subvenciones públicas no conforme a ley.

Desde que Puig es presidente, las empresas de sus hermanos y de los socios de sus hermanos han conseguido de la Generalitat dos millones de euros en contratos y subvenciones (un millón los hermanos Puig y otro millón sus socios).

Es más, desde entonces, las empresas de sus hermanos, han incrementado sus ingresos en un 290% después de tres años de pérdidas. Una realidad que se materializa en la famosa frase ‘Nos vamos a forrar’ cuando Puig sea presidente, según dijo uno de los socios de sus hermanos ( y tal y como declaró una de las testigos en el juicio).

De este modo, el escándalo de las subvenciones concedidas por el Gobierno de Ximo Puig a las empresas de su hermano, sigue avanzando. Por mucho que el Ejecutivo autonómico haga todo lo posible por parar su avance y ocultarlo.