Condenados dos hombres por corrupción de menores tuteladas en Baleares

La Audiencia Provincial de Baleares ha dado por probado lo que el gobierno de la socialista Francina Armengol se negó a investigar: la corrupción de menores tuteladas. Así, la Audiencia ha condenado en Palma a dos hombres, uno de nacionalidad española y otro nigeriano, por su implicación en los delitos de corrupción de las menores tuteladas.

Hace ahora exactamente un año, que el Gobierno dirigido por Armengol votaba en contra de crear una comisión de investigación en el Parlament de Baleares para investigar los casos de explotación sexual de menores tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Una comisión que solicitaron desde la oposición ejercida por Vox y Ciudadanos, pero que se encontró con el voto en contra de los socialistas.

Pero no solo la Justicia ha entrado en el escabroso tema de las menores tuteladas obligadas a prostituirse, el Parlamento Europeo también le exigía esta semana explicaciones al Gobierno de España y al balear, en relación al caso de las 16 menores tuteladas que fueron víctimas de explotación sexual en dicha Comunidad Autónoma.

«Llevo un año presidiendo la Comisión y esta es una de las peticiones que más me han impactado», aseguraba la eurodiputada del Partido Popular, Dolors Montserrat tras un bronco debate en el que el PSOE, partido al que pertenece Armengol, y Podemos, acusaron a los representantes de PP, Ciudadanos y Vox de instrumentalizar políticamente el caso.

Sin embargo, el caso llegó al Europarlamento de manos de un particular, José Luis Sánchez-Saliquet, quien reclamó acciones a la Cámara para que actúen «lo antes posible» para que este caso no vuelva a repetirse. Incluso la Fiscalía acreditó los hecho en un informe.

Sentencia

Aunque la Armengol no quiso investigar el caso, la Justicia sí lo hizo, y la Audiencia Provincial, en una sentencia hecha pública este sábado, considera probado que el acusado de origen español estuvo, al menos durante el año 2019 y hasta que le detuvieron, manteniendo contacto vía móvil y concertando citas con las menores tuteladas a través de otra menor, amiga de ellas.

También se considera acreditado en el fallo, que este hombre “mantuvo conductas de naturaleza sado o fetichista con las menores”, una de ella de 14 años, entregándoles a cambio dinero, invitándolas a comer o al cine. Unas niñas que debían estar protegidas por el Gobierno de Francina Armengol, pero que no lo estuvieron.

La Sala ha condenado al hombre de 64 años, 50 más que su víctima, a dos años de prisión, después de haber reconocido que varias veces dio a las víctimas billetes de 20 o 50 euros o les invitó a cenar o al cine, a cambio de prácticas fetichistas en las que él actuaba como ‘esclavo’ y las chicas como sus ‘amas’. Al reconocer los hechos, la acusación se redujo de los cinco años iniciales que solicitaba la Fiscalía, a los dos a los que finalmente ha sido condenado.

Junto con la condena de prisión, la sentencia también impone un alejamiento de las niñas de 300 metros, así como la prohibición de comunicarse por cualquier medio con las víctimas. Por otro lado, los magistrados también le imponen la obligatoriedad de someterse a un programa formativo de educación sexual y al pago, tanto de 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil, como de la mitad de las costas procesales.

Segundo acusado

En el caso del segundo acusado, la Audiencia Provincial considera acreditado que el segundo de los acusados, un hombre de origen nigeriano de 39 años, también mantuvo contacto con las menores tuteladas durante el año 2019. Contacto que se mantuvo hasta que fue detenido.

En el caso de este hombre, primero trató de mantener relaciones sexuales con una de las niñas, pero esta se negó aunque él le ofreció dinero. Aunque con la primera de las menores no consiguió sus própositos, sí que lo hizo con otras niñas, una de ellas de 14 años. La sentencia explica que como pago, el ahora condenado les regalaba ropa y dinero, pero que, además, también les proporcionaba drogas que consumía junto a las víctimas.

Debido a todo lo anterior, los magistrados le han impuesto una pena de ocho años y seis meses de prisión; así como a ocho años de libertad vigilada; también ha sido condenado a pagar a cada una de las víctimas 2.500 euros en concepto de daños morales y a abonar las 4/5 partes de la mitad de las costas.

En el caso de esta última pena, uno de los tres magistrados que conforman  el Tribunal ha emitido un voto particular en el que, pese a no discrepar de los hechos probados, “considera que esta condena debería de ser de cuatro años y tres meses de prisión”.