Sánchez inyecta 161.000 € en un colegio privado laico en plena ofensiva contra la concertada católica

El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido una subvención directa de 161.000 euros a la Fundación Francisco Giner de los Ríos, en plena ofensiva contra la enseñanza concertada católica. 

El objeto de la subvención es «sufragar los gastos de las actividades formativas, de carácter editorial, celebración de conmemoraciones y difusión y asesoramiento».

La Fundación Francisco Giner de los Ríos es una institución pedagógica privada constituida en 1916 para gestionar el legado de la Institución Libre de Enseñanza, un proyecto que se desarrolló en España entre 1876 y 1936 inspirado en la filosofía krausista. La institución inspiró el programa educativo de la II República. Sus promotores, entre ellos Giner de los Ríos o Gumersindo de Azcárate, impulsaron una educación privada laica.

Ataque a la concertada

La subvención, recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE), llega después del ataque de la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, a la educación concertada religiosa.

La pasada semana, la también ministra de Educación rechazó la libertad de los padres de elegir centro y afirmó que la enseñanza religiosa para sus hijos no queda amparada por la Constitución Española.

«De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centros formarán parte de derechos que puedan tener los padres, madres en las condiciones legales que se determinen pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución Española», opinó Celaá.

El artículo 27.3 de la Constitución dice sin embargo textualmente: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

La ministra realizó esas declaraciones en el congreso de Escuelas Católicas, que agrupa a 6.000 centros concertados religiosos y, de inmediato, provocó la polémica. Pese a ello, y también pese a que la Constitución es clara, Celaá insistió en su idea y, más tarde, en un comunicado, reiteró que «en ningún momento el Constitucional indica que forme parte de la libertad educativa el derecho a elegir centro». «El derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente», añadía la portavoz.

El posicionamiento de la ministra fue respondido desde las escuelas concertadas. La entidad organizadora del congreso destacó su preocupación «por la deriva de la futura reforma educativa que se deja entrever la intervención de la ministra en funciones en la inauguración del congreso».

La Conferencia Episcopal, por su parte, intentó atribuir las declaraciones a un «lapsus» porque, de lo contrario, «supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para el derecho de los padres y la libertad de enseñanza».

Por parte de la oposición, Pablo Casado advirtió de que «la libertad de enseñanza es fundamental en democracia y está garantizada por la Constitución» e instó a Sánchez a «aclarar si está de acuerdo con Celaá y si este es el modelo del nuevo Gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología». Desde Ciudadanos se acusó al PSOE de «entregar a Podemos las llaves del Gobierno» lo que, según la formación naranja, «tiene un precio muy alto para las familias españolas».