Puig y Oltra «penalizan» profesionalmente a los profesores que usen el nombre español de su universidad

Profesores universitarios de Valencia denuncian el “chantaje” lingüístico de la Generalitat —gestionada por el bipartito de Ximo Puig y Mónica Oltra— por la que se les impone el uso del nombre de sus centros en valenciano en los trabajos de investigación a cambio de no ser “penalizados” económicamente.

La polémica —resultado de la aplicación normativa en materia lingüística liderada por Compromís y que reproduce el modelo impuesto por los partidos nacionalistas en Cataluña— surge los últimos meses del pasado curso cuando, según ha podido saber OKDIARIO, varios docentes recibieron la recomendación verbal, por parte de sus respectivos Consejos de Departamento, de utilizar en todas aquellas publicaciones, materiales didácticos, diapositivas y apuntes la nomenclatura valenciana de las universidades donde imparten clases.

En caso contrario, todos ellos quedarían condicionados a que dichos trabajos no fuesen computados como méritos curriculares lo que afectaría a una reducción de su índice investigador, que es la referencia objetiva utilizada para determinar sus retribuciones variables como docentes. 

Se arriesgan a que sus publicaciones e investigaciones no sean computadas como méritos curriculares, con repercusión en el sueldo 

Así, aquellos profesores que durante el próximo curso opten por mantener una postura “españolista” en el ejercicio de su libertad de cátedra verán congelado el aumento de su índice a pesar de que su número anual de documentos supere el de los elaborados y firmados por sus compañeros “valencianistas”.

Además de mermar el importe de sus sueldos mensuales, todos ellos verían estancada la consolidación de pluses adicionales como trienios o sexenios e incluso eliminada la posibilidad de reducir créditos de docencia a cambio de horas libres para investigación en la misma proporción que quienes acepten cumplir las indicaciones recibidas. 

La medida, sin embargo, encierra una ‘trampa’ ya que sólo se estaría ignorando la productividad investigadora —aplicada a las publicaciones que contengan el nombre del centro universitario en su versión española— para penalizar individualmente a los docentes.

En cambio, sí tendrían en cuenta en el cómputo global de la Universidad los trabajos firmados en dichas condiciones para evitar que con ello quedase afectado el ranking del propio centro, ya que el ratio investigador es uno de los criterios considerados para baremar la posición asignable a cada uno de entre el total de universidades españolas incluidas en el mismo. 

 La ‘dictadura lingüística’ de Puig y Oltra

La polémica nace a partir de los cambios de denominación sufridos por varias Universidades públicas, como la Politécnica de Valencia o la Jaime I de Castellón, cuando tras la aprobación del Decreto 182/2011, de 25 de noviembre, del Consell, se aprueba la reforma de los Estatutos de la Universidad valenciana.

Resultado de la aplicación estricta de la normativa lingüística, liderada por los nacionalistas de Compromís, a los centros de enseñanza superior de la Comunidad Valenciana, varios de ellos perdieron su nomenclatura en español para pasar a denominarse oficialmente en valenciano como única opción.

Así lo recoge, por ejemplo, el artículo 1 del referido Decreto de 2011 de reforma estatutaria de la universidad valenciana, en relación a la denominación, naturaleza, valores y principios inspiradores: «La Universitat Politècnica de València es la denominación oficial única que adopta la institución regida por estos Estatutos».

La citada norma deroga la vigente hasta entonces, el Decreto 253/2003, de 19 de diciembre, del Consell, que a diferencia de la modificación ulterior permitía la utilización indistinta de ambas nomenclaturas en cualquiera de las lenguas cooficiales con idéntica validez.

Los docentes consultados por OKDIARIO confirman que hasta la fecha no se había producido antes un ‘chantaje’ similar, aunque recuerdan las discriminaciones públicas y notorias que se producen en materia de sueldos y de becas a alumnado y doctorandos en base a criterios exclusivamente lingüísticos.