Un informante biomédico comunicó a la Justicia el pasado 3 de junio que estudiantes de Medicina del Complejo de La Paz y profesionales sanitarios de este hospital ya estaban infectados de coronavirus en la semana del 2 de marzo, es decir, desde días antes de la manifestación multitudinaria del 8-M que no se prohibió pese a estar ya el virus desbocado y que disparó los contagios en Madrid. De aquella semana, sólo se supo que el hospital había reservado una UCI con 10 camas para la llegada de «posibles» casos de coronavirus.

El ingeniero biomédico J. C. M. es investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, situada al lado del Hospital Universitario de La Paz. Según relata él en un correo electrónico, es allí «donde muchos de los estudiantes de Medicina y Enfermería realizan sus prácticas». J. C. M. explica «lo que vivió en dicha facultad la semana del 2 al 6 de marzo», apuntando que «el personal de la facultad y el hospital La Paz tienen relación y compartes alumnos, cafés y reuniones».

«A lo largo de esa semana —subraya el informante— ya era patente entre el personal sanitario que las radiografías que se veían no eran de neumonías corrientes, era algo raro. Esa intranquilidad estaba en toda la comunidad sanitaria, sobre todo en aquellos que estaban en primera línea. Esa semana ya había estudiantes enfermos de Covid-19 y profesionales sanitarios también», recalca este investigador.

Así aparece este relato en el sumario —al que ha accedido OKDIARIO— de la causa del 8-M que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha archivado provisionalmente no de forma definitiva, como reclamaron la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Un sobreseimiento en el que la magistrada admite en relación al 8-M que «la aglomeración de personas supone incrementar el riesgo para la salud pública, pues las posibilidades de contagio de la Covid-19 aumentan de no respetarse unas distancias mínimas».

No obstante, el testimonio de este informante puede ser utilizado ahora por la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre de la Cuesta, quien ha reactivado una querella presentada contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y portavoz técnico del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, por un presunto delito de imprudencia temeraria.

«Tal fue la situación —prosigue J. C. M.— que el mismo viernes 6 de marzo se reunió el Decanato de la facultad con la intención de cerrar la facultad ante los problemas sanitarios que había. La reunión fue larga y tensa, no se cerró la facultad pero sí se prohibieron las prácticas de los alumnos en cualquier centro sanitario adscrito a dicha facultad», señala en el correo electrónico.

Aquel día 6 de marzo, la Comunidad de Madrid suspendió las prácticas formativas en centros sanitarios para evitar más contagios de coronavirus. Fue la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad la que firmó una resolución fijando dicha suspensión por un plazo de un mes, sin perjuicio de las prórrogas que se acordaran de forma sucesiva. Sin embargo, lo que todavía no había trascendido era que el Decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) se planteara incluso el cierre de la misma, según el testimonio del citado informante.

772 confirmados

Según consta en los datos agregados de las comunidades autónomas recogidos por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), dependiente del Ministerio de Sanidad, a fecha de 6 de marzo hubo 772 contagios confirmados en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, aquel día, el propio Fernando Simón sólo pudo informar en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad de 137 positivos en esta región. En toda España habló de «345 casos confirmado mediante prueba PCR, 82 nuevos con respecto a la anterior actualización». Es decir, la mitad de los que ya había realmente sólo en la Comunidad de Madrid, tal y como ha demostrado la actualización de casos notificados por las autonomías al CCAES.

El Gobierno sólo optó el 3 de marzo por la cancelación de todo tipo de «congresos, jornadas, eventos, seminarios y cursos que impliquen a profesionales sanitarios en la línea de las recomendaciones de la Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo General de Enfermería».

Según explicó entonces en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, esta medida fue consensuada con las comunidades con el propósito de que los profesionales estén «en perfectas condiciones y máximamente disponibles» en los próximos días y semanas y para «evitar que puedan actuar como transmisores de la enfermedad a los grupos de población más vulnerables con los que tratan en su práctica profesional», según consta en el oficio que firmó el propio Illa el pasado 3 de marzo. En aquel texto, remitido a las comunidades autónomas, Sanidad instaba a la celebración de eventos deportivos a puerta cerrada y no entraba en abordar las manifestaciones multitudinarias al aire libre.