El CGPJ desafía al Gobierno: nombra a jueces para la Audiencia Nacional, dos TSJ y la Audiencia de Cáceres

El pleno del Consejo General del Poder Judicial se ha plantado ante la injerencia de Podemos y PSOE y, finalmente, ha incluido varios nombramientos en el pleno que se celebra este jueves. Así, el órgano de Gobierno de los jueces se ha plantado ante las exigencias del Gobierno que no quieren que hagan nombramientos discrecionales. Tanto es así que van a legislarlo para evitar que puedan elegir a magistrados de forma discrecional.

El pleno ha nombrado al magistrado José Pablo Aramendi Sánchez como presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, puesto que estaba vacante desde el nombramiento de su antecesor, Ricardo Bodas, como magistrado del Tribunal Supremo.

El magistrado ha obtenido 17 votos de los 21 del Pleno. La también candidata Emilia Ruiz-Jarabo Quemada ha obtenido un voto. En blanco han votado los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

Además, también han salido elegidos María José Renedo Juárez presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, con sede en Burgos; David Ordóñez Solís presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias; y Joaquín González Casso presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres. Todos han obtenido 18 votos. Los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han votado en blanco.

Cuatro de 29

Pese al plante del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, este desafío ha sido tildado por algunos vocales consultados por OKDIARIO como «descafeinado», ya que solo se han incluido cuatro de las 29 plazas que estaban pendientes de nombramiento. Es más, no han sido incluidas ninguna de las siete plazas vacantes del Tribunal Supremo.

A este respecto, el pleno del órgano de gobierno de los jueces también ha aprobado con 20 votos a favor y uno en contra -el de la vocal Concepción Sáez- las bases que regirán el proceso de selección de doce plazas de nombramiento discrecional que han quedado vacantes en los últimos meses, lo que permitiría proceder a su futura convocatoria.

Seis de esas vacantes se han producido en el Tribunal Supremo: dos en la Sala Primera -cuya planta, incluyendo al presidente, es de diez magistrados, por lo que suponen una reducción de efectivos del 20 por ciento-, dos en la Sala Tercera, una en la Sala Cuarta y una en la Sala Quinta. Corresponden a las jubilaciones de Antonio Salas y Eduardo Baena (Sala Primera), Francisco Javier Borrego y Jorge Rodríguez-Zapata (Sala Tercera), Jesús Gullón (Sala Cuarta) y Ángel Calderón (Sala Quinta).

El resto de las bases de convocatoria aprobadas son las de las presidencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del País Vasco, de la Sala de lo Social del TSJ de Extremadura y de las Audiencias Provinciales de Burgos, Girona, La Rioja y Lugo.

Según ha explicado el propio CGPJ, el motivo de paralizar hasta ahora los nombramientos fue que, se acordó el pasado mes de enero paralizar los nombramientos de cargos gubernativos en la confianza de una pronta renovación de la institución, una vez constituidas las Cámaras después de las últimas elecciones generales y formado Gobierno; y volvió a paralizarlos el pasado mes de julio, por razones de prudencia ante la confirmación en esa fecha de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios para la renovación del CGPJ, cuyo mandato venció el 4 de diciembre de 2018. Pero ante la falta de acuerdo para la renovación, finalmente la mayor parte de las plazas se han renovado en dos plenos diferentes, aunque todavía quedan varias plazas de peso por ser nombradas.

PSOE y Podemos

El enfado de los miembros del CGPJ con el Gobierno viene de lejos. El primero de los cabreos vino cuando el Gobierno anunció que cambiaría la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que los miembros del nuevo consejo, el actual lleva dos años en funciones, puedan ser elegidos solo con mayoría absoluta del Congreso. Con esta jugada, el Gobierno deja fuera de la negociación al PP, pues se pasaría de los tres quintos necesarios actualmente a solo una mayoría absoluta.

El segundo motivo de enfado surgió con la ley que quiere aprobar el Gobierno y que impedirá a los vocales, cuando están en funciones, hacer nombramientos discrecionales, como son los de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, las audiencias provinciales o los TSJ.

Tal es el enfado entre los vocales, que se llegó a realizar un pleno extraordinario a petición de varios de sus miembros para pronunciarse sobre «las injerencias del Gobierno».

PP

El malestar no solo afecta a la carrera judicial, donde la mayoría de asociaciones han salido criticando las leyes que pretende aprobar el Gobierno, y que han sido criticadas desde Europa. En el Partido Popular saben que estos movimientos son una medida de presión para conseguir renovar el órgano de gobierno de los jueces. Pero como pese a esa amenaza, desde el PP no variaron sus exigencias para renovar el consejo: que Podemos no esté en las negociaciones, y que se retire la Proposición de Ley de cambio en la LOPJ.