Cerdán alega ante el juez ser «víctima» de una «persecución política» para «derribar» el Gobierno

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha defendido de su imputación en la conocida como trama PSOE alegando que se trata de una supuesta «persecución política» para «derribar» al Gobierno de Pedro Sánchez. Cerdán ha comparecido este lunes ante el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que dirige el PP han solicitado al Supremo que envíe a prisión provisional a quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez, imputado por la trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

Cerdán, durante su declaración, se ha declarado «víctima» del «fango», el término que con frecuencia utiliza Sánchez para referirse a la oposición política, así como a jueces y medios de comunicación.

Durante el interrogatorio, ha intentado negar los indicios contra él, insistiendo en una supuesta operación política contra el Gobierno «democrático» de Pedro Sánchez debido a sus pactos con Bildu y los separatistas. De hecho, según su versión, el siguiente objetivo sería Félix Bolaños, actual ministro de la Presidencia y principal arquitecto del acuerdo con Junts que permitió que Sánchez fuese investido tras las últimas elecciones generales.

El ex número tres del PSOE ha señalado, además, que dispone de una pericial informática de uno de los audios investigados que demostraría, supuestamente, que no se corresponde con su voz.

Santos Cerdán ha llegado este lunes al Tribunal Supremo poco antes de las 10 de la mañana, la hora a la que estaba citado, en medio de una gran expectación mediática. Iba acompañado de su abogado, Benet Salellas, y no ha hecho declaraciones a la prensa.

El juez Leopoldo Puente citó a Cerdán en sede judicial tras el informe de la UCO, que le sitúa como protagonista de prácticas corruptas a cambio de obra pública, junto al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García.

Según los agentes, la trama nació en 2015 en Navarra -área de influencia de Cerdán y Koldo-  y creció a medida que sus protagonistas iban adquiriendo relevancia política.

La Guardia Civil sostiene que los contratos de obra pública que se investigan fueron adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Sólo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros, aunque se les adeudarían 450.000 euros.

Uno de los puntos clave de la investigación es, además, el contrato privado que la UCO halló el pasado 10 de junio en el registro efectuado en casa del empresario Joseba Antxon Alonso Egurrola. El documento, aportado al Supremo, refleja que en 2016 Cerdán compró por 6.000 euros el 45% de Servinabar, empresa en el epicentro de la trama.