CCOO se sumó al latrocinio de UGT en Extremadura llevándose dinero de los fondos de formación

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto la lupa en el sindicado Comisiones Obreras (CCOO) tras encontrar un esquema similar al de UGT, con una red de sociedades que inflaban las facturas de los servicios y que permitían que este otro sindicato -ligado históricamente a IU y ahora apadrinado por Podemos- absorbiese fondos de formación de Extremadura y los destinase a pagar sus propios gastos en la estructura nacional del sindicato.

UGT no fue el único sindicato que ideó un mecanismo de latrocinio y desvío de los fondos de formación regionales que, pese a que legalmente debían acabar en los trabajadores y parados, sin embargo, fueron destinados a financiar las estructuras nacionales de los dos grandes sindicatos de este país, tal y como investiga la Justicia en la trama extremeña.

Tanto la Fiscalía como la UCO han confirmado la existencia de una estructura societaria comandada por Forem -la división de formación de CCOO que se dedica al fomento del “estudio y la investigación en materia de empleo y formación profesional y social”- y por una compañía que realizaba subcontrataciones de forma sistemática para poder acceder al dinero de los fondos.

Esta empresa era la Escuela de Conducción y Transporte (ECT). Los informes judiciales señalan sobre esta empresa que está “radicada al parecer en Getafe”. Y que “acerca de su posible vinculación con la Fundación Forem” de CCOO, resulta que “tras comprobar 31 acciones formativas (con empresas y autoescuelas ya mayoritariamente extremeñas) habría podido acceder a un beneficio de 39.666,83 euros (de los 191.411,41 € que luego justifica Forem Extremadura por esas acciones formativas que le subcontrató). Del análisis policial resulta que directamente ECT no aportaría ningún bien ni servicio formativo, sino que se trata de una empresa que obtiene tan ganancia actuando como mera intermediaria sin aportar valor añadido”. En este caso, por lo tanto, el nivel de desvío ilegal de fondos podría superar el 20%.

La mecánica era exactamente la misma que mantenía UGT: introducía sociedades que inflaban los costes para llevarse parte del dinero destinado a fondos de formación por el Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara.

La UCO ha partido de ese caso y ha detectado, además, que, lejos de ser un ejemplo aislado, un elevado número de gastos de los cursos de formación financiados por las subvenciones públicas están plagados de irregularidades.

Contratos de formadores inflados

Así, igualmente ha detectado “personal contratado por terceros” que inyectaba “costes directos generados por las retribuciones a formadores externalizados en actividades de preparación, impartición, tutoría y evaluación de los alumnos en las acciones formativas”. Unos gastos en los que “de las comprobaciones realizadas por la Intervención General, resultan diferencias muy significativas: lo declarado tributariamente por esos terceros a la AEAT como impartidores de esas acciones formativas estaría muy por debajo de lo facturado o justificado por dichas acciones y concepto por la entidad beneficiaria CCOO Extremadura”.

En otro de los ejemplos, y sólo por los conceptos mencionados se observa una diferencia de costes que carecen de justificación legal de “162.432,87 euros” sobre un total subvencionado de “448.838,05 euros”. Es decir, que lo que la Guardia Civil investiga ya por posible fraude en las subvenciones se eleva a nada menos que un 36% en este caso.

La UCO enumera un total de hasta 13 sociedades que operaban con este mismo esquema. Todas ellas subcontratadas para hacer el trabajo real y que igualmente repercutían sus gastos en las subvenciones disparando el coste y haciendo que de las partidas entregadas para formación de empleados y parados llegase muy poco realmente a los trabajadores.

La Fiscalía mantiene de este modo que no se trataba sólo de una trama ilegal de UGT, sino que CCOO replicaba el esquema de una manera mimética, absorbiendo fondos de forma masiva y defraudando de forma indiciaria a la Administración que concedía las ayudas: la Junta de Extremadura.

Pese a ello, hay que recordar que la UCO y la Fiscalía ya han identificado como los contratos firmados por la Junta de Fernández Vara habilitaron expresamente a UGT a subcontratar masivamente, por lo que el desvío de fondos habría contado con una clara ayuda oficial.

La trama de los fondos de formación en Extremadura no deja, así, de engordar. Algo que justifica que los tribunales consideren superada la cifra estimada inicialmente de fraude perseguido de 30 millones de euros, y coincidan en señalar en estos momentos que el dinero defraudado podría elevarse claramente por encima de los 100 millones de euros.