Torra exigirá a Sánchez que les compense económicamente por «el daño ocasionado [sic]» por el 155

Quim Torra exigirá a Pedro Sánchez que el Gobierno compense  económicamente a Cataluña por el “daño ocasionado” por la aplicación del artículo 155. Parece una broma, pero es cierto. El president ha pedido al grupo parlamentario de JxCat que ponga en marcha una comisión de investigación para evaluar «los daños» del 155. Y pretende que pasen por el Parlament todos aquellos a los que los separatistas consideran responsables de la aplicación del 155.

El objetivo de estas comparecencias no es otro que «evaluar los daños» que supuestamente ha causado la intervención constitucional en Cataluña con un fin: utilizar esos datos para posteriormente culpar a España de sus males y, además, emplear el argumento en las futuras negociaciones para exigir una compensación económica o competencial por el supuesto impacto generado por la aplicación del 155.

Todo ello se circunscribe dentro de lo que Torra denomina como el «Plan República», una estrategia que cuenta con tres ejes de acción: las actuaciones victimistas en Cataluña (Gobierno, Parlamento y ayuntamientos); las que se destinen a Europa; y las que se dirijan a la movilización social, más allá de las instituciones.

En los círculos próximos a Torra consideran que el primer planteamiento de estos postulados se hará en la futura reunión del president con Sánchez. Y que dejarán claro en ese encuentro que el plan con ellos debe incluir el diálogo, pero siempre acompañado posteriormente de acciones y hechos.

«No queremos que se quede en simple marketing político y es por eso que deben empezar por el reconocimiento del diagnóstico del conflicto político de Cataluña», señala un portavoz de JxCAT, que asegura que «sería un excelente punto de partida aceptar el 21D. Hay más de dos millones de catalanes que queremos república y hay una gran mayoría social en contra de la represión».

Posteriormente y dentro de estos hipotéticos reconocimientos es donde debería ir la aceptación del daño supuestamente ocasionado a los catalanes por el 155.

Las nuevas exigencias de Torra llegan después de que Moncloa haya aprobado ya en el primer Consejo de Ministros el levantamiento de los mecanismos de control de las finanzas de la Generalitat. Y después de que el Gobierno de Sánchez se haya comprometido a recuperar el Estatut de Autonomía de Cataluña tal y como estaba redactado antes de ser descalificado parcialmente por el Tribunal Constitucional.

Dentro de ese Estatut original, al margen de muchos otros artículos graves y polémicos, había uno especialmente delicado en estos momentos. Y es que se recogía que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tenía que se el último tribunal para todos los asuntos que sucedieran en esta comunidad. En caso de un nuevo golpe separatista, eso significaría que los golpistas serían juzgados en su comunidad Cataluña y bajo la presión social de Cataluña.