Puigdemont denuncia a Llarena ante el CGPJ por «retrasar» sus recursos sobre la amnistía

Carles Puigdemont ha presentado una denuncia contra el juez instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La defensa legal del ex presidente de la Generalitat y líder de Junts le acusa en su denuncia de «desatención» y de «retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de los recursos de reforma interpuestos en la causa». Esta denuncia esta firmada por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, y hace referencia a los recursos que presentaron contra la decisión del Supremo de no aplicarle la Ley de Amnistía. Llarena rechazó perdonarle el delito de malversación por el que se le acusa por el 1-O.

En el escrito, el abogado de Puigdemont insta al órgano de gobierno de los jueces a que investigue al juez Pablo Llarena sobre estos retrasos a los recursos presentados por el ex presidente de la Generalitat, al considerar que el magistrado del Supremo ha incurrido en una infracción disciplinaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial, afirmando que se ha «excedido con creces el plazo previsto» en el ordenamiento para resolver los recursos. A esta denuncia se ha sumado también el eurodiputado de Junts Toni Comín, que también presentó un recurso después de que el Supremo rechazara también aplicarle la Ley de Amnistía.

«La inobservancia de los tiempos legalmente establecidos durante el ejercicio de las funciones o competencias judiciales tiene su respuesta disciplinaria en las faltas muy grave, grave y leve», señala la denuncia firmada por Gonzalo Boye. Carles Puigdemont y Toni Comin presentaron recursos contra el auto por el cual el juez Llarena declaró inaplicable la amnistía al delito de malversación que se le imputan a ambos dirigentes separatistas. También recurrieron esa decisión, al menos, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la defensa de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y del ex conseller Lluís Puig.

Según el abogado de Puigdemont, los recursos presentados «debieron haberse resuelto hace más de un mes», durante la primera mitad del mes de julio y teniendo en cuenta las fechas en las que se interpusieron estas medidas legales. «Algo que no ha ocurrido sin que parezca existir razón alguna que lo justifique», esgrime el escrito. Los recursos se presentaron los días 8 y 9 de julio y no fueron notificados a las partes hasta el día 22.

«Los denunciantes han presentado dos recordatorios de la pendencia de dichos recursos de reforma. No cabe duda alguna de que el magistrado ha tenido un conocimiento singularizado de las particulares circunstancias del asunto, habiéndosele dado cuenta específica de su retraso hasta dos veces, a pesar de lo cual ha continuado sin despacharlo», asegura el letrado del ex presidente de la Generalitat y líder de Junts.

El abogado de Carles Puigdemont defiende que «las circunstancias resultan especialmente graves», debido a que la Ley de Amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez pactó con los partidos separatistas a cambio de seguir en La Moncloa «debe ser objeto de tramitación preferente y urgente, lo que afecta a los recursos presentados, más aun cuando las resoluciones del juez incluyen restricciones a la libertad de circulación de Puigdemont y del resto de procesados».

Por todo ello, Gonzalo Boye acusa al juez Llarena de «dilatar el acceso» de sus defendidos a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tiene que resolver los recursos de apelación, y al Tribunal Constitucional, a donde piensa acudir en amparo. Considera además que «la inobservancia de los tiempos legalmente establecidos durante el ejercicio de las funciones o competencias judiciales» es considera «una falta grave».

«Tuvo el anhelo de caputarle»

Por último, el abogado de Carles Puigdemont arremete contra el juez del Tribunal Supremo por dejar sin efecto su licencia de vacaciones el pasado 7 de agosto, cuando el ex presidente de la Generalitat volvió a España para dar un mitin separatista en las cercanías del Parlament de Cataluña con motivo de la investidura de Salvador Illa y ante una posible detención del líder de Junts. Boye asegura que el magistrado tuvo «el anhelo notorio de supervisar la captura» de Puigdemont, lo que, «además de poner de manifiesto lo malicioso de la dilación», pone en evidencia que «no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver dentro del plazo legal los recursos».

Puigdemont se dio a la fuga tras dar este mitin para volver a Waterloo, su residencia de Bélgica en los últimos años y a pesar de la orden nacional de detención que pesa sobre él. El amplio dispositivo policial desplegado por los Mossos no fue suficiente para arrestar al ex presidente de la Generalitat y líder de Junts.