Las cárceles de Marlaska son un coladero: intervenidos 10.000 móviles a presos en 5 años

De 2017 a 2021, ambos años incluidos, los funcionarios de prisiones se han incautado de 10.275 teléfonos móviles en las cárceles españolas, excepto las de Cataluña, que no dependen de Interior. El número es demoledor y el más claro ejemplo de que las prisiones españolas que dependen del ministro Marlaska son un coladero para bandas organizadas, narcotraficantes o cualquiera que pueda pagar un teléfono móvil, prohibido por ley. Esto supone una media de 6 teléfonos diarios, 171 al mes y 2.055 al año. Todo esto ocurre en 80 prisiones españolas.

Los teléfonos móviles son un objeto prohibido dentro de las prisiones, ya que en muchos casos evitan que se delinca por parte de bandas organizadas o de violencia de género. Este hecho convierte un aparato de teléfono móvil en un objeto muy cotizado entre los presos, generando un mercado negro con los problemas que esto genera.

Los datos los ha recogido de fuentes oficiales el sindicato de prisiones ACAIP-UGT. Durante el período 2017/2021 se han incautado un total de 10.275 teléfonos móviles en las prisiones españolas, siendo el año 2019 el de mayor número de incautaciones con 2.585 terminales, manteniendo una línea similar en 2020 y 2021. Los centros penitenciarios de Algeciras y Málaga, con cerca de 700 terminales en cada uno de ellos, lideran el número de confiscaciones por parte de los funcionarios penitenciarios. En concreto, la cárcel de Algeciras ostenta el primer puesto de esta vergonzosa lista con 690 teléfonos incautados, seguida de la prisión de Málaga con 688 terminales móviles recuperados por funcionarios de prisiones.

Desde ACAIP-UGT «queremos destacar el trabajo que realizan los empleados públicos penitenciarios para evitar el comercio ilícito de estos elementos prohibidos en las prisiones. En muchos casos, estos teléfonos son utilizados para continuar con la actividad delictiva y sustraerse al control de las comunicaciones. Se trata de objetos muy cotizados por aquellos internos que tienen restringidas las comunicaciones como los presos por violencia de género, delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas y relacionadas con el narcotráfico».

Además, el uso de estos teléfonos puede genera deudas económicas entre presos e incidentes por el control y propiedad de los mismos. Eso provoca que los funcionarios de prisiones dediquen «grandes esfuerzos en el decomiso de estos objetos, la mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico», añaden desde ACAIP-UGT.

Los teléfonos se esconden en lugares insospechados, como el interior de suelas, botes de refresco o productos higiénicos, «por lo que es preciso una requisa exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada. Con más de 3.000 vacantes, y una relación de puestos de trabajo en los centros que no se corresponde con las necesidades reales de los mismos, es casi imposible realizar todas las funciones encomendadas a cada uno de los empleados públicos penitenciarios», explican desde el sindicato.

La introducción de objetos prohibidos perjudica gravemente el funcionamiento normal de un centro penitenciario, por lo que son precisos los medios materiales y humanos suficientes, por un lado para evitar su entrada y por otro, para realizar el control en el interior. Pero todo esto requiere de inversión en tecnología  para que, por ejemplo, los inhibidores de teléfonos móviles en las prisiones funcionen correctamente y así evitar las comunicaciones no autorizadas.

Desde la misma organización sindical insisten «en la necesidad de ocupar todas las vacantes, las nuevas promociones apenas cubren las bajas vegetativas, además, hay que adaptar el organigrama de los centros penitenciarios a las nuevas formas de delincuencia, por eso es preciso retomar la negociación de la Ley de Función Pública penitenciaria para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la institución».