El calvario legal que aún espera al Gobierno para exhumar a Franco… si es que al final lo consigue

El “acuerdo motivado” aprobado este viernes por el Consejo de Ministros para la exhumación de Franco abre una nueva fase en el largo proceso en el que se ha convertido la promesa estrella de la breve legislatura socialista. Lejos de ser una realidad “urgente” e inminente, como aseguró el propio Pedro Sánchez para justificar la medida, el calvario legal que aún deberá afrontar el Gobierno para consumar la intervención en el Valle de los Caídos se presenta largo y complejo, si es que finalmente lo consigue.

La familia Franco dispondrá de 15 días para contestar al Gobierno, una vez se haya publicado la decisión ministerial “unánime” en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sobre si desea hacerse cargo de los restos del dictador. Así lo confirmaba la ministra Dolores Delgado, en rueda de prensa desde Moncloa.

La titular de Justicia ha sido la máxima responsable del procedimiento administrativo creado ad hoc por su Ministerio -en cumplimiento de la orden recogida en el ‘decretazo’, de 24 de agosto de 2018, de reforma de la Ley de Memoria Histórica- e instruido por la subsecretaria del mismo, Cristina Latorre. Tras dar por finalizado el trámite, se inaugura un triple escenario:

• Que la familia no conteste a la comunicación del Gobierno sobre si se hará responsable de los restos de Franco -una vez hayan sido retirados de su actual ubicación- en cuyo caso será una decisión gubernativa, unilateral, la que escoja, un nuevo lugar “digno y discreto”, en palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo.
• Que la familia conteste en sentido positivo a la exhumación y se “avenga” a enterrarle en una tumba consensuada con el Ejecutivo, escenario que se antoja del todo improbable.
• Que la respuesta de los nietos del dictador sea, como ya ha venido advirtiendo al Gobierno en los últimos 6 meses, una rotunda negativa a la actuación en la tumba actual de la Basílica de Cuelgamuros y cómo, en el supuesto de que ésta se produzca, la inhumación será en uno de los nichos de su propiedad en la cripta de la madrileña Catedral de La Almudena. Cuestión que ha quedado “prohibida” en el acuerdo ministerial de este viernes, por motivos de “seguridad”, entre otros.

Recurso ante el Supremo

Los Franco siempre han insistido en que harán uso de todos los mecanismos a su alcance para evitar lo que consideran un “capricho del político de turno”, en referencia al compromiso personal de Sánchez. Y por ello, preparan un nuevo recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, para el que disponen de un plazo legal de 2 meses a contar desde que les sea notificada la decisión gubernativa de exhumación. Bajo apercibimiento al Ejecutivo de que, si la practicase antes de permitirles ejercer su derecho de oposición, estaría incurriendo, como mínimo, en un delito de prevaricación.

Dicho recurso, además, irá acompañado de una solicitud de medidas cautelarísimas orientadas a la paralización de cualquier acto que pudiese derivar en una situación “irreversible” que causase un “daño irreparable” a los intereses de los Franco. Cuestión sobre la que ya se pronunció en su día el propio Supremo que, en un anterior recurso de la familia del dictador en este mismo sentido, decidió no aplicarlas por razones de “extemporaneidad” de la petición. No si antes advertir expresamente al Gobierno que será el alto tribunal el que tenga la última palabra.

El Tribunal Supremo advirtió al Gobierno, en diciembre, que será el alto tribunal el que tenga la última palabra en la exhumación

El pasado mes de diciembre, el Supremo optaba por no paralizar los trámites para la exhumación de Franco pero emplazaba a la familia para que volviese a recurrir el traslado cuando el Gobierno lo hubiese aprobado definitivamente, como ha sucedido este viernes. El tribunal fue tajante “el acuerdo no podrá ejecutarse” hasta que no se resuelva la posible impugnación de la familia en sede judicial.

Y todo ello, sin perjuicio del pronunciamiento que atañe a la Iglesia y la autorización imprescindible de ésta para el acceso al lugar sagrado que es la Basílica del Valle de los Caídos y que, tal y como ha reconocido el propio Gobierno, en base a los Tratados Internacionales es “inviolable”. Por lo que todo apunta a que la exhumación de Franco se retrasará, si llega a producirse, más allá de la propia salida de Sánchez de Moncloa, tras la convocatoria de elecciones generales el próximo 28 de abril.