El objetivo de Otegi: sacar de prisión a 80 terroristas con la complicidad de Podemos

El acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco no es suficiente para Bildu. El partido de Arnaldo Otegi, convertido en interlocutor de primer orden del Gobierno de Pedro Sánchez, tiene como objetivo último la liberación de los etarras. Empezando por los enfermos y siguiendo por aquellos que han cumplido tres cuartas partes de su condena. Los colectivos de familiares y presos de ETA cifran en unos 19 los terroristas con una enfermedad grave. La publicación ‘Kalera Info’ afirmaba, en agosto, que «en el Estado español hay encerrados cerca de 70 presos que tienen ya superada o pasarán antes de acabar el año la barrera de los tres cuartos de cumplimiento que debería dar acceso a la libertad condicional», según la legislación ordinaria.

Este propósito cuenta con el apoyo de Podemos, que, en septiembre, respaldo en el Parlamento Vasco una declaración, con Bildu y PNV, en la que se pedía, además del fin de la política de dispersión, la excarcelación de presos de ETA enfermos.

Además, en mayo, el partido socio de Pedro Sánchez en el Gobierno, firmó con otras ocho formaciones -PNV, ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, Más País, la CUP, el BNG y Compromís― un escrito en el que se reclamaba al Ejecutivo la salida de la cárcel de centenares de presos, con la excusa de los contagios del coronavirus en esas instalaciones.

El documento solicitaba la puesta en libertad de reclusos especialmente «vulnerables», como aquellos con «patologías previas serias, crónicas o agravadas por la edad ―mayores de 65 años―, por conformar grupos de riesgo ante el contagio de la pandemia».

Pero, aprovechando la situación, se reclamaba también la liberación de aquellos que hubiesen cumplido las tres cuartas partes de la condena, cuando «no presenten alto riesgo de reincidencia y/o presenten pronóstico favorable de reinserción social» independientemente de «la tipología o gravedad del delito» cometido, en clara alusión a los presos de ETA.

Podemos

Una solución «temporal» en medio de la pandemia, que vendría a satisfacer en parte los anhelos de Bildu.

Podemos, en su programa para las elecciones en el País Vasco, no mencionaba expresamente la liberación de etarras, aunque sí se comprometía a «promover, en el seno de la Ponencia de paz y convivencia del Parlamento Vasco, una iniciativa consensuada entre los diferentes partidos políticos que inste al Gobierno Central a modificar la actual política penitenciaria promoviendo el acercamiento de las personas privadas de libertad a su lugar de origen, un trato humanitario a estos y una apuesta clara por la reinserción social a través de la revisión crítica del pasado y el reconocimiento de lo injusto del daño causado».

Negociaciones

El pasado 14 de septiembre, cuando Bildu inició sus negociaciones para las cuentas del Estado, la portavoz Mertxe Aizpurua ya enumeró las tres condiciones de su formación: «Que se solucione el debate territorial, se impulsen las políticas sociales y se dé solución a la política penitenciaria».

Otegi no ha ocultado en las últimas semanas que, pese a que el Gobierno de Sánchez ha multiplicado los acercamientos, estos son «insuficientes». El 11 de noviembre, cuando el líder proetarra anunció la disposición favorable de su partido a apoyar los Presupuestos, ya manifestó que los traslados «llegan tarde». Aquel día, el Ejecutivo había acercado, entre otros, a dos etarras de gran impacto simbólico: los asesinos del matrimonio Jiménez-Becerril.

«Ahora mismo, mantener la dispersión de los presos no tiene sentido. Hay que intensificar los movimientos en este sentido. Nosotros no queremos mártires, queremos sacar a la gente de la cárcel», expuso, rotundo, Otegi.

Desde que Sánchez acordó los Presupuestos con Bildu, el goteo de acercamientos ha sido continuo, coincidiendo con momentos de especial trascendencia.

El mismo día en que el texto del proyecto de cuentas públicas superaba el trámite de enmiendas parciales en el Congreso -con el voto de Bildu- se informaba de cinco nuevos traslados. Entre ellos, el del sanguinario José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, considerado autor material de una quincena de asesinatos y quien ordenó matar al concejal socialista Fernando Múgica. Jefe de los «comandos ilegales» de ETA, en su historial consta además, entre otros, haber ordenado el asesinado de Jiménez-Becerril. También quiso matar al Rey Juan Carlos y se le considera autor del atentado con bomba en Madrid que mutiló a Irene Villa.

Como reveló OKDIARIO, desde que Sánchez negocia los Presupuestos con Bildu ha permitido el traslado de hasta 21 terroristas con delitos de sangre.

En su base programática, Bildu denuncia la «legislación excepcional que vulnera los derechos de las y los presos políticos», lo que consideraba un impedimiento para la resolución del «conflicto político».

«Las y los presos políticos están haciendo un recorrido, dentro de la legalidad, para culminar el proceso de su vuelta a casa. La legislación que se les sigue aplicando actualmente es excepcional. Ésta debe adaptarse a las nuevas realidades políticas mediante la necesaria transformación legal, la transición desde la excepción a la ley ordinaria. Encauzaremos el consenso de la mayoría socio-política vasca para que las Cortes españolas den los pasos legales oportunos», prometen los proetarras.

Entre sus intenciones figura que «los pasos que den y las solicitudes que hagan las personas presas tengan consecuencias inmediatas en base al contexto social y político actual». Entre esas consecuencias, estaría «poner en libertad» a los reclusos enfermos o de edad avanzada y, además, «liberar con medidas de seguridad apropiadas a las personas que tienen cumplida una parte importante de la pena».

Cabe recordar, además, que todas esas reclamaciones recibirán el impulso de que el País Vasco pueda contar con la competencia propia de Prisiones, como así acordó el presidente Sánchez con el Gobierno de Iñigo Urkullu. La previsión es que, tras los retrasos sufridos, pueda materializarse ya en marzo del próximo año.