Begoña Gómez también se querella contra el juez Peinado por su instrucción «perversa»

Begoña Gómez sigue el camino de Pedro Sánchez. La esposa del presidente del Gobierno ha presentado una querella contra el magistrado que la investiga, Juan Carlos Peinado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público.

La querella contra el juez se suma a la que la Abogacía del Estado, en nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó hace unos días por un presunto delito de prevaricación.

La defensa de Gómez alega, en el escrito de 53 páginas, que el juez pudo cometer el delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas ya, según su consideración, que habría trasladado a las acusaciones populares «actuaciones procesales declaradas secretas», lo que propició que las mismas fuesen publicadas por diferentes medios de comunicación.

Con ello, opina que la actuación del juez ha perjudicado gravemente a Begoña Gómez, puesto que se han divulgado informaciones y actuaciones declaradas secretas, mientras ella desconocía todos los extremos de la investigación, causándole indefensión.

Igualmente, considera que el juez Peinado ha adoptado decisiones judiciales «arbitrarias y manifiestamente injustas» mediante la emisión de resoluciones judiciales o adopción de decisiones comunicadas de forma verbal.

Con ello, acusa a Peinado de «una aplicación del derecho incomprensible». «Ha forzado las normas aplicables, ha adoptado decisiones no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias y, todo ello, sin pie de recurso frente a las mismas en considerables ocasiones».

«Instrucción perversa»

Según la defensa de Gómez, esta actuación «pudiera revelar una instrucción inusual, errática, perversa y prospectiva, que tiene por objeto una causa general contra doña Begoña Gómez, expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico».

El letrado se queja también de que Peinado ha ido tomando a lo largo del procedimiento decisiones «injustas y arbitrarias» para ampliar el objeto de procedimiento y con las que, a su juicio, «parece rebatir, conscientemente y sabiendas, no uno, sino dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que, tras la petición de los mismos por el magistrado, han descartado la existencia de indicios de delitos en los hechos investigados».

Querella de Sánchez

Por su parte, la querella de la Abogacía del Estado contra Peinado se presentó este martes después de que Pedro Sánchez se negase a declarar ante el juez en La Moncloa. Sánchez se acogió a su derecho a no declarar dado que su mujer está imputada en la causa.

En el escrito, de 35 páginas, la Abogacía defiende que Sánchez tenía que haber comparecido por escrito en su condición de jefe del Gobierno, alegando que la declaración se basaría en hechos de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo de presidente.

«Lo que adquiere relevancia, no se nos lleve a engaño, es lo hecho por la investigada en consideración a que su esposo es presidente del Gobierno, esto es, en atención a su cargo. No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación, como decíamos, es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada», asevera la Abogacía en el escrito. Por ello, sostiene que la decisión de Peinado de citar a declarar a Sánchez como testigo ha sido «prevaricadora» por «no motivar o justificar por qué la declaración no ha de hacerse por escrito».

Al hilo, destaca además que «hay una larga historia de cómo resoluciones judiciales pueden influir en el devenir político de un país, tanto en España como en el extranjero» y recalca que incluso el Tribunal Supremo y otros órganos judiciales actúan con «mesura» y evitan hacer públicas resoluciones en periodos electorales.

En el caso de la declaración de Sánchez, apunta que es «evidente» que «tiene una repercusión a la que no es insensible el legislador», dado que redactó una ley en la que distingue entre la testifical escrita y verbal, en sede judicial o fuera de ella.

«Se trata de impedir que el ejercicio del Poder Judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales. No hay duda de ello y no la ha habido desde la aprobación de nuestra sobradamente centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal», añade.

Igualmente, en la querella se sostiene que el juez no cuenta con «un mínimo indicio» que «soporte» las diligencias que ha acordado y sostiene que con sus «conjeturas» genera un «descrédito gratuito» y «desprestigia» la Presidencia del Gobierno.

Pese a ello, defiende que la querella no es un «ataque» al Poder Judicial. «Al contrario, es expresión en la confianza en el Poder Judicial», señala, para luego apuntar que es «el único medio de defensa que queda frente a un ataque absolutamente carente de justificación o motivación por parte de quien ejerce funciones jurisdiccionales».