Batet puentea al juez del caso Villarejo y solicita datos reservados sobre Kitchen a Asuntos Internos

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha girado una solicitud a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para que le remita archivos que obran en el sumario de la operación Kitchen –operativo policial desarrollado entre 2013 y 2015 para sustraer a Luis Bárcenas información sensible que afectaba al PP– y utilizarlos, de esta manera, en la comisión de investigación que tendrán lugar en las próximas semanas. La socialista Batet ha decidido preguntar a la Policía Nacional con el objetivo de puentear al juez Manuel García-Castellón que ha respondido que no atenderá dicha petición porque los documentos «se encuentran en fase de instrucción y por tanto tienen un carácter reservado».

El instructor del caso Villarejo indica en un informe fechado el 22 de febrero que esa reserva en las actuaciones judiciales es un principio fundamental al que alude el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Recuerda que el mismo señala que «las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral». Por tanto, insiste en que estas diligencias «como es público y notorio» se encuentran en fase de instrucción.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional añade: «Hay límites infranqueables que se verían afectados en el presente caso por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario». Por ello, incide en «la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y de terceras personas».

Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que «tratar un asunto judicializado, que se está investigando, en las Cortes Generales puede conllevar a un juicio paralelo de los imputados y, por ende, también puede salpicar a aquellos otros que no están siendo investigados en este procedimiento pero que formaban parte del Gobierno durante el desarrollo del operativo policial montado para sustraer información sensible al ex senador Bárcenas». Prosiguen: «El uso de esa documentación podría afectar a la presunción de inocencia de los investigados».

Puentear al juez

La Mesa de la comisión Kitchen del Congreso de los Diputados, con mayoría del PSOE y Podemos, ha optado ahora por puntear al juez –tras la respuesta negativa de éste– y formular la misma petición a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, encargadas de la investigación y dirigidas por el ministro socialista Fernando Grande-Marlaska.

Tal y como adelantó OKDIARIO, PSOE y Podemos desde el principió pretendieron sortear al juez porque «conocían de antemano cuál sería el veredicto de acuerdo a la ley», explican fuentes consultadas por este periódico.

El problema es que sería ilegal que la Policía enviara los oficios y los informes que han solicitado si previamente el juez del caso no ha dado su beneplácito, pues es el único con autoridad para permitir que salga ningún papel del sumario. Fuentes consultadas por este periódico recalcan: «No pueden enviar ni un solo papel si el juez no lo autoriza. El magistrado es el único que puede decir qué papeles se pueden enviar al Congreso».

Las agendas y la cinta de Cospedal

La presidente del Congreso requirió al Juzgado información relacionada con el ex comisario José Manuel Villarejo, principal investigado en la macrocausa, así como sus agendas y las grabaciones efectuadas por éste a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Hay que recordar que el Ministerio Fiscal ha solicitado la imputación de ambos por presuntos delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos. Sin embargo, García-Castellón ha decidido no dar este paso por ahora.

También se ha solicitado la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017. En esa fecha Villarejo ya estaba jubilado y le quedaban sólo nueve meses para que la Unidad de Asuntos Internos llamase a su puerta para detenerle y realizar un registro domiciliario en su casa de Boadilla del Monte (Madrid).

Acceso a archivos telefónicos

La socialista Batet además requería tener acceso a los archivos del teléfono móvil de Francisco Martínez, ex número 2 de Interior durante el mandato de Jorge Fernández Díaz, y las dos actas notariales instadas por él en relación a los mensajes en los que se mencionaba el operativo, que dice haber recibido desde el móvil del ex ministro del Interior de Rajoy. Los investigadores acaban de incorporar un informe con estas conversaciones.

Por último, la comisión también solicitaba todos los oficios policiales de la causa; el informe por el cual el inspector José Ángel Fuentes Gago declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial; los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los agentes implicados; y la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos, ex chófer de Bárcenas y que realizó una labor de infiltrado en el operativo, a la escala básica de la Policía.

OKDIARIO adelantó que en el operativo se pagaron sobornos con dinero de los fondos reservados – partida presupuestaria destinada para combatir el terrorismo y el crimen organizado– al chófer de Luis Bárcenas. A cambio, éste debía ejercer la labor de ‘topo’ y conseguir los documentos sensibles que escondía el ex tesorero. El conductor fue premiado con 48.000 euros (2.000 euros mensuales durante dos años) y el acceso a una plaza de la Policía Nacional, según apuntan las investigaciones.