Ayuso avisó el 15M a Sánchez de que sus medidas no evitaban “un riesgo extraordinario para la salud”

Pedro Sánchez lanzó un mensaje a la nación el sábado en el que se quiso apropiar de un liderazgo en las medidas contra el coronavirus que no es real. Lo cierto es que sus principales medidas han tenido que ser exigidas por expertos y políticos más pendientes del coronavirus que él y que, incluso tras declarar el estado de alarma, tuvo que ser reprendido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que le avisó de que sus medidas no evitaban “un riesgo inminente y extraordinario para la salud”.

El decreto de alarma se instauraba un 14 de marzo, e Isabel Díaz Ayuso le avisaba de los fallos y las quiebras de seguridad un día más tarde: el 15 de marzo, por medio de la carta que hoy muestra públicamente OKDIARIO.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, era el encargado de declarar “el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”. Y el mismo día siguiente, la Consejería de Sanidad madrileña se ponía en contacto con el Ministerio de Sanidad de Pedro Sánchez para señalarle que ese Real Decreto dejaba abiertas puertas inexplicables que implicaban un serio riesgo para la salud de los ciudadanos.

“A juicio de esta comunidad autónoma varias de las excepciones contempladas pueden implicar la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, resultando inviable observar las medidas de distanciamiento social impuestas”, señalaba contundente la misiva remitida por el Gobierno de Madrid al área de Sanidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

A partir de ahí, la carta de Madrid destaca distintos puntos que había que solventar: en materia de “empresas de servicios personales en los que no se puede asegurar el cumplimiento de la exigencia de distancia mínima de seguridad necesaria para evitar la propagación del COVID-19”, como las “peluquerías de señora y caballero, salones institutos de belleza, gabinetes de estética y peluquerías para mascotas”; en materia de “centros de fisioterapia y osteopatía”, salvo en aquellos casos en que tengan “carácter sanitario y el desarrollo de sus actividades venga exigido por prescripción facultativa”; en “servicios de entrega a domicilio”; o en otras materias.

De hecho, en buena parte de ellos, el Gobierno de Sánchez ha aceptado las exigencias de Madrid y parcheado su Real Decreto, ante la evidencia de los errores incluidos en el texto nacional.

Pero, por mucho que se vayan tapando los errores, lo cierto es que la carta demuestra la falta de liderazgo y los enormes bandazos cometidos por el Gobierno socialcomunista en la primera crisis profunda que ha tenido que afrontar.

De hecho, este mismo domingo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar la adquisición centralizada de material sanitario diverso para la atención urgente de los afectados por coronavirus (COVID-19). La cantidad aprobada por declaración de urgencia asciende a 23,3 millones de euros. Y pretende tapar otra enorme vía de agua generada por la improvisación de Sánchez: la de la falta de abastecimiento de test de coronavirus, mascarillas, guantes, respiradores, etc. Una faceta a la que se había comprometido el presidente del Gobierno y que este pasado viernes –también en plena crítica de Madrid por la falta de material sanitario necesario frente a la enfermedad–, el Gobierno decidió abrir a las autonomías ante la evidencia de que no había sabido gestionar el poder centralizado que se había arrogado.

“Ante la situación epidemiológica actual en la Comunidad de Madrid, con el fin de garantizar la protección de pacientes y profesionales sanitarios, el Servicio Madrileño de Salud, por razón de emergencia sanitaria, requiere hacer una compra centralizada, así como la gestión del suministro, de material sanitario diverso, para todos los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud”, explicaba Díaz Ayuso en la tramitación de la compra.

“Ante la situación actual en España, de infección por coronavirus y con el fin de garantizar la seguridad, la salud de la población y el interés general, así como posibilitar una atención sanitaria adecuada a la población, se hace necesario acudir a la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)”, concluía.