El auditor del PP: «Siempre estábamos debajo del límite máximo de gasto electoral»

El jefe de Auditoría Interna del PP, Carlo Lucca de Mignani, ha testificado hoy en el juicio de la rama valenciana de la trama Gürtel que el partido «siempre estaba muy por debajo del límite de gasto máximo legal» fijado por el Tribunal de Cuentas para las campañas electorales.

La Audiencia Nacional ha reanudado hoy la vista de esta causa seguida contra diecinueve acusados de una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia para las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.

Entre ellos se encuentran el exsecretario general del PP de Valencia Ricardo Costa, el exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla y el presunto líder de la trama, Francisco Correa.

Carlo Lucca de Mignani ha explicado que como en todas las campañas electorales en las de 2007 y 2008 se les entregó a los gerentes regionales del partido un manual de instrucciones en el que se indicaba «lo que se podía hacer y lo que no para que actuaran de forma correcta» y se comunicaron los límites de gasto.

«Nosotros siempre estábamos muy por debajo del límite de gasto máximo autorizado y, la mayoría de las veces, las campañas no han tenido un impacto sobre el resultado económico al no perder ni ganar dinero, y en alguna ocasión hemos perdido dinero al gastar más de lo que recuperamos como subvención», ha comentado.

Según la Fiscalía con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008 los acusados integrados en el PP de la Comunidad Valenciana contratacccccron a Orange Market servicios que abonaron de modo irregular en parte en efectivo y en parte a través de terceros, que no quedaron reflejados ni en facturación ni en contabilidad.

Añade que los servicios prestados por Orange Market incluían mítines e intermediación en la contratación de publicidad.

La Fiscalía mantiene que dichos servicios fueron realmente abonados por empresarios que no podían por ley hacer donaciones al PP por tener contratos con administraciones públicas valencianas y por ello para satisfacer la deuda del partido se materializaron pagos por supuestos servicios prestados por Orange Market a sus empresas pero que en realidad no se habían producido.

Lucca de Mignani ha señalado que si se hizo algo fuera del «circuito» marcado por la ley era «imposible conocer» en ese momento la existencia de un proveedor si no había comunicación previa a la sede central del partido para identificarlo, y respecto a Orange Market ha señalado que no cree que esta empresa fuera contratada por el PP a nivel nacional.

Preguntado por la abogada de la acusada Cristina Ibáñez, exgerente del PP de Valencia, ha asegurado: «Fue una colaboradora fantástica, cumplidora y meticulosa y aunque podía haber errores se subsanaban y ella fue siempre muy atenta en este aspecto», y ha añadido que no vio nada mal en la documentación que remitió.

Hoy también ha declarado Paula Sánchez de León, que en 2007 era secretaria autonómica de Comunicación de la Generalitat, que ha manifestado que dependía del entonces consejero portavoz del Gobierno valenciano, el acusado Vicente Rambla, que fue nombrado posteriormente vicepresidente del Gobierno valenciano.

Ha dicho que ese año 2007 Vicente Rambla fue nombrado coordinador de la campaña electoral del PP de Valencia.

La testigo ha añadido que como integrante del comité de campaña tuvo relación con Orange Market y conversaciones con su responsable en Valencia, el acusado Álvaro Pérez «El Bigotes», con quien mantuvieron una reunión para supervisar unos vídeos electorales.

Un empresario de una empresa audiovisual ha testificado que realizaron vídeos electorales del PP para los cuales solo recibieron indicaciones por parte de Orange Market, que era la que los pagaba y a la que había que facturar.