Así bloquea Sánchez la ley que debe regular los fondos UE: 77 prórrogas de enmiendas y 2 años paralizada

Los partidos que conforman el Gobierno de Pedro Sánchez mantienen bloqueada en el Congreso la ley que debe regular los fondos europeos. Una parálisis que suma casi dos años y 77 prórrogas o ampliaciones del plazo para la presentación de enmiendas. Una maniobra de filibusterismo parlamentario que practican PSOE y Podemos. Y ello, pese a que los socialistas llegaron a registrar una iniciativa en 2017 para limitar la sucesión de estas prórrogas. Por su parte, fuentes del Grupo Popular en la Cámara baja denuncian el «deterioro de la calidad legislativa» que está provocando el Ejecutivo de Sánchez, así como la «vulneración de derechos» de los diputados de la oposición.

En concreto, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 28 de enero en una votación marcada por la abstención de Vox y el apoyo de Bildu, después de que el Gobierno prometiera su tramitación como proyecto de ley (esto es, con posibilidad de introducir enmiendas) a fin de arañar votos decisivos.

Una práctica que el Ejecutivo socialcomunista ha repetido con tal de que sus socios de la mayoría Frankenstein facilitaran la convalidación de otros decretos leyes. Sin embargo, estas enmiendas nunca han llegado ni siquiera a debatirse en hasta 23 decretos -tramitados como proyecto de ley- por las sucesivas prórrogas forzadas por los partidos del Gobierno. Por ejemplo, las fuentes del Grupo Popular, dirigido por Cuca Gamarra, señalan que hay incluso un proyecto de ley, el de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del Covid-19 en los ámbitos de transportes y vivienda -procedente del Real Decreto-ley 26/2020- que suma ya 94 ampliaciones de enmiendas. 

«Hay bloqueos más que cuestionables», denuncian las mismas fuentes del PP, recordando que la ley permite estas prórrogas para «ordenar los trabajos» en las Comisiones parlamentarias, pero no para utilizarlas como un mecanismo con el que Gobierno usurpa las funciones del poder legislativo.

Además, las fuentes citadas apuntan que son 135 los decretos leyes aprobados por Sánchez desde su llegada al poder. Un uso «abusivo» de esta vía reservada para casos de «extraordinaria y urgente necesidad». De ellos, 93 pertenecen a la actual legislatura, siendo 23 los que se encuentran paralizados en su tramitación como proyecto de ley por intereses del Gobierno, esto es, uno de cada cuatro.

En el caso de la ley para la regulación de los fondos UE, tanto PP como Ciudadanos han venido reclamando la creación de una Autoridad Independiente a fin de conseguir una mejor gestión de los 140.000 millones de euros que España percibirá hasta 2026. Sin embargo, esta cuestión no se ha vuelto a debatir en la tramitación de este proyecto de ley que acumula 77 prórrogas del plazo para la presentación de enmiendas parciales.

Visita de Hohlmeier

Entretanto, la eurodiputada alemana Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que criticó duramente la opacidad del Gobierno español en el reparto de los fondos europeos, desembarcará en Madrid el 20 de febrero para exigir explicaciones al Gobierno.

Esta comisión ha solicitado reunirse con cuatro ministros para averiguar en qué se ha gastado el Ejecutivo los 40.000 millones de fondos Next Generation que ya le ha entregado la UE. Tales ministros son Nadia Calviño (Economía y Transformación Digital), María Jesús Montero (Hacienda), José Luis Escrivá (Seguridad Social) y Reyes Maroto (Industria, Comercio y Turismo).

Como ha venido informando OKDIARIO, el Gobierno sólo ha repartido el 29% de lo presupuestado en 2022, y su destino es desconocido en buena medida. Además, según ha contado también este medio, parte del dinero se está destinando a obras propias del Plan E de Zapatero, incluyendo carriles bici o acondicionamientos de playa, e incluso en un «plan nacional de algoritmos verdes». Pero el Gobierno se ha negado a que una autoridad independiente controle esos fondos  y los mantenga al margen de veleidades políticas, como ocurre en otros países europeos.