La ley de amnistía de Sánchez perdona a Puigdemont y ex cargos del ‘procés’ hasta 5 millones del 1-O
La proposición de ley de la amnistía de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes obligaría al Tribunal de Cuentas a perdonar hasta cinco millones de euros en concepto de responsabilidad contable a Carles Puigdemont y a 34 ex altos cargos catalanes por el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat. Sin embargo, dejaría intacto el dinero abonado por el ex presidente Artur Mas y otros cargos condenados por los gastos de la consulta del 9-N, cifrados en 4,9 millones de euros.
Según consta en el texto que ha registrado ante el Congreso por el PSOE en solitario este lunes por la tarde, con la amnistía de Sánchez quedarían «extinguidas las responsabilidades civiles y contables, incluidas las que estén siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas, salvo aquellas que ya hubieran sido declaradas en virtud de sentencia o resolución administrativa firme y ejecutada».
Según fuentes jurídicas, la redacción la amnistía de Sánchez abarcaría el procedimiento que se sigue contra el expresidente y líder de Junts Carles Puigdemont y otros 34 excargos del Govern, pero no tendría efectos en la causa relativa al 9-N, sobre la que ya se dictó sentencia firme.
Mas, fuera de la amnistía de Sánchez
Mas fue condenado por el Tribunal de Cuentas a abonar de forma conjunta y solidaria 4,9 millones de euros más intereses por la consulta de noviembre de 2014. Según las fuentes consultadas, de la proposición se entiende que ninguna multa pagada se va a devolver.
En un principio, la lista total de los 35 incluye al propio Puigdemont, a su ex vicepresidente Oriol Junqueras o a Mas. También recoge los nombres de ex consellers condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; ex consellers en el extranjero, como Toni Comín y Lluís Puig; ex delegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
Otras voces, sin embargo, aseguran que cabe otra interpretación porque la condena a Mas, que ya agotó la vía nacional, está recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En el apartado segundo del artículo 8, en el que se establece que, «sin perjuicio» de lo anterior, «la amnistía otorgada dejará siempre a salvo la responsabilidad civil que pudiera corresponder por los daños sufridos por los particulares». En este sentido, explican que la proposición deja la puerta abierta a que se presenten demandas civiles para reclamar daños.
Amnistía de Sánchez y la Acción Exterior
En la proposición de ley de la amnistía de Sánchez, se fija que abarcará más de una década del procés: desde el 1 enero de 2012, pasando por la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y los disturbios tras la sentencia del procés en 2019, hasta este lunes 13 de noviembre.
La propuesta contempla que queden amnistiados los actos determinantes de «responsabilidad penal, administrativa o contable» ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Catalunya. Y, en el caso del órgano fiscalizador, precisa: «La amnistía se aplicará por el Tribunal de Cuentas en cualquier fase del proceso».
La propuesta abarcaría el procedimiento que está pendiente de juicio en el TCu. Cabe recordar que aún está fijado para este viernes 17 de noviembre la vista para enjuiciar a Puigdemont y otros 34 ex cargos del Govern.
En dicha causa, la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados por los gastos del 1-O y la acción exterior; ello tras rebajar las estimaciones iniciales del propio tribunal, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 de estos ex altos cargos del Govern.