Un alto cargo de Iglesias retrata a su jefe: hay que seleccionar por «mérito» y no por «raza o sexo»

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha  nombrado Secretario General Técnico de su ministerio a Rubén Baz Vicente. Un funcionario de carrera que es firme defensor de la meritocracia como herramienta para elegir altos cargos del Estado, en lugar de otras características como la «raza, el sexo o el partido político en el que se milita».

Al Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos se le achaca retorcer la ley para poder ‘colocar’ a personas afines en cargos de responsabilidad. Hasta 23 directores generales han sido nombrados sin ser funcionarios. Y en muchas ocasiones se ha hecho primando exclusivamente características personales ajenas a los méritos o aptitudes profesionales como el sexo, la ideología o el color de la piel.

Es, por ejemplo, lo que ocurrió con el nombramiento de la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Risa Bolsaho, que fue nombrada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, por ser de raza negra. Montero había anunciado en un primer momento que quien ocuparía ese cargo sería Alba González, pero finalmente se dio marcha atrás al nombramiento para «hacer visible» la presencia de «colectivos racializados» en el nuevo Ejecutivo.

En medio de esa polémica, el Consejo de Ministros ha nombrado este jueves a Rubén Baz como Secretario General Técnico de la Vicepresidencia de Iglesias. En 2015, Baz publicó un artículo en la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas (GAPP), editada por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en la que desarrollaba su teoría de que los altos cargos directivos del Estado deberían ser nombrados ateniéndose a criterios de «meritocracia». Es decir, de méritos profesionales y conocimientos que acumula el aspirante respecto a la temática del puesto a ocupar.

Según defiende Baz, «las principales críticas al funcionamiento de la Administración» están basadas en la «percepción de que los líderes no resuelven los problemas de los ciudadanos, la corrupción, la baja productividad». Y propone la solución: «El mérito».

En su exposición, Baz asegura que «la meritocracia, entendida como gobierno de las personas más capacitadas, seleccionadas por sus méritos personales, está considerada actualmente como señal de garantía ética, baluarte contra la corrupción y garantía de imparcialidad en la gestión de los recursos públicos. En este sentido, la meritocracia representa un sistema en que las posiciones sociales se ocupan en virtud del mérito individual, sin tener en cuenta otros criterios como la riqueza, el sexo, el origen social o el color del partido político en que se milita».

El ejemplo portugués

El nuevo alto cargo del vicepresidente Iglesias pone como ejemplo el sistema de elección que establece Portugal. El Estado vecino creó hace casi una década la llamada Comisión de Reclutamiento y Selección para la Administración Pública (CReSAP), un organismo encargado de buscar y contratar talento para altos puestos.

«Las Administraciones Públicas españolas no pueden permanecer con una venda que siga permitiendo que los intereses políticos y corporativistas prevalezcan sobre el interés general que están obligadas a satisfacer. La existencia de un órgano independiente que se encargue de la selección de los directivos públicos profesionales supondría una garantía institucional para que ello no suceda. Necesitamos una CReSAP en España sin más demora», propone Baz en su artículo.

«No podemos seguir permitiéndonos mirar hacia otro lado, ignorar la realidad, sabedores de que el sistema actual permite a la cúpula que gobierna decidir quién ocupa los puestos más relevantes de la jerarquía administrativa, con el pretexto de que lo hace siguiendo el procedimiento legalmente establecido: la libre designación», advierte.

La creación de un ente similar al portugués sería, según el autor, una «necesidad que se hace más acuciante en la medida en que es constatable la creciente patrimonialización de la Administración por el poder político, utilizando la democracia como pretexto y no siempre en beneficio del interés general».