La alcaldesa de Mogán acusa a Marlaska de querer convertir Canarias en «una cárcel»

En la última semana se ha pasado prácticamente las 24 horas del día en el muelle de Arguineguín. Una vecina, que aplaude su gestión, asegura que «ha abandonado a su hija para defender los derechos de los inmigrantes y los vecinos». Sentada en el interior de un coche, atendiendo a medios nacionales e internaciones o hablando con la Policía para intentar frenar la liberación de inmigrantes ilegales sin haberles ofrecido ninguna solución habitacional, Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, se ha convertido en la mayor pesadilla del Gobierno de Pedro Sánchez en esta crisis migratoria. Y aunque aún no ha ganado del todo la batalla, está a punto de hacerlo con las derivaciones de los últimos días. Estará satisfecha cuando el campamento del muelle de Arguineguín esté completamente vacío.

Bueno, que atiende a OKDIARIO justo en el punto en el cual la Policía, por ordenes de Fernando Grande-Marlaska, impide pasar a periodistas y diputados, tuvo que acudir a los juzgados a denunciar al Ejecutivo por vulneración de los derechos humanos. Su denuncia provocó que este viernes una comitiva judicial y la Guardia Civil se personasen en el lugar para levantar acta de las condiciones en las que vivían los inmigrantes y sobre la gestión que estaba haciendo Moncloa de la crisis. Está satisfecha por este primer paso, pero espera que la actuación de los tribunales establezca que, cuanto antes, se dé la orden de desmantelar el campamento. Después, si hace falta, que se continúe investigando, añade recordando que «la justicia es igual para todos, también para el Gobierno».

Afirma que, pese a las últimas actuaciones del Gobierno, «no podemos bajar la guardia» ya que «en cualquier momento podemos volver a la situación de los últimos días». Admite preocupación porque los municipios más afectados por esta crisis «pueden quedar marcados» a nivel turístico. Son San Bartolomé de Tirajana y Mogán, el que ella preside, las dos poblaciones que reciben más turistas de Gran Canaria. Avisa que «los empresarios ya se están cansando, porque firmaron unos contratos para un plazo temporal». El 31 de diciembre finaliza el contrato del Ministerio de Migraciones con los hoteles, por el que paga 300.000 euros diarios, para alojar a los inmigrantes irregulares. Según el ‘Plan Canarias’ que presentó hace unos días el ministro José Luis Escrivá, para fin de año, una gran mayoría de los 19.000 inmigrantes ilegales que han llegado a la isla permanecerán aún en ella. Si no se han construido los campamentos tendrán que volver a negociar con los hoteles.

Onalia Bueno, tras el vaciado del muelle de Arguineguín, dice que ahora «hay que dar la batalla muy duro» para evitar que los inmigrantes se queden en Canarias. Quiere que se puedan derivar a la península con la disposición de varias autonomías que se han puesto a disposición de acoger a estas personas «en condiciones dignas». Recuerda que hay dos posturas dentro del Ejecutivo sobre cómo responder a esto: la de Migraciones, que opta por las derivaciones, y la de Interior, que dice que no. Espera que se imponga la del ministro de Migraciones porque «esto no se puede convertir en una cárcel porque el ministro Fernando Grande-Marlaska diga que de aquí no sale nadie». La alcaldesa reconoce que «no me he sentido sola porque siempre ha estado el presidente de Canarias a mi lado». Sin embargo, Onalia Bueno recuerda que pese a que «han venido tres ministros» no se han puesto en contacto con ella. Afea «la falta de lealtad institucional» del Gobierno con la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos.