Un alcalde socialista ataca a la Guardia Civil y escribe a Marlaska para quejarse de una investigación

El alcalde de Capdepera, Rafel Fernández, critica el trabajo de la Benemérita por la agresión de unos vecinos a dos policías locales que se viralizó en redes sociales.

El edil ha escrito al ministro, a la directora general del Cuerpo y al Defensor del pueblo. Se ha reunido con la delegada del Gobierno y el coronel jefe de la Guardia Civil en las Islas y asegura que se rieron de sus exigencias. Asociaciones de guardias civiles exigen que deje de manchar el nombre de su institución.

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Alfonso Egea
  • Alfonso Egea
  • Jefe de Investigación en OKDIARIO. Anteriormente fui responsable de la sección de Actualidad y Sucesos en Espejo Público, en Atresmedia. He publicado cuatro libros y actualmente colaboro en programas de televisión en Mediaset y en Telemadrid. Agradecido por tener el reconocimiento de la Policía Nacional de Madrid y la medalla al mérito de la Guardia Civil.

Rafel Fernández, el alcalde socialista de la localidad mallorquina de Capdepera, se ha propuesto depurar responsabilidades entre la Guardia Civil por lo que él considera una dejación de sus obligaciones en la investigación de la agresión dos agentes de Policía local a principios de mes por parte de unos vecinos. Una intervención policial por infracciones de las normas anti-Covid ha acabado en la mesa del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska porque un alcalde no aprueba el trabajo de la Guardia Civil.

En la carta al ministro, el alcalde ataca gravemente a la Benemérita citando un artículo de su reglamento interno: “Se considerará falta muy grave la falta de colaboración manifiesta con los demás miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando resulte perjudicado gravemente el servicio o se deriven consecuencias graves para la seguridad ciudadana”

Esta gravísima acusación de un alcalde contra la Guardia Civil en manos de todo un ministro como Marlaska bien merece ser contextualizada.

El pasado 2 de abril se convirtió en viral el vídeo que acompaña a esta información y que resume en apenas dos minutos la vergonzosa actuación de unos vecinos con los policías locales de la localidad mallorquina de Capdepera. Los agentes trataban de disolver una reunión de personas expresamente prohibida por las restricciones propias de la pandemia. El exceso de alcohol y la falta de respeto hacia los agentes llevaron la situación al límite, como se ve en las imágenes.

Uno de los participantes de la fiesta se encontraba visiblemente alterado, mucho más que el resto, y fue el que durante todo el tiempo se enfrentó a gritos y a empujones a uno de los agentes de Policía. Tan agresivo se mostró que el policía en cuestión acabó cayendo al suelo mientras otros participantes de la fiesta se debatían entre sumarse al hombre alterado y agredir al agente o intentar que éste y su compañero abandonaran el lugar lo antes posible para evitar llegar a mayores.

Afortunadamente tomaron esa decisión y ayudaron a los policías a subir a su coche patrulla para que se marcharan mientras calmaban al fiestero gritón y violento que los había agredido. Los policías, como no puede ser de otra manera, dieron parte de unos hechos gravísimos que no sólo habían sido grabados, sino puestos en conocimiento de la Guardia Civil para su investigación y la posterior detención del agresor de los agentes y de quienes lo jalearon. Y aquí es donde arranca el mosqueo del alcalde de Capdepera.

Con el alcalde hemos topado

Según Rafel Fernández, la Guardia Civil no cumplió con su obligación y dejó pasar tres días hasta que los agresores se entregaron a las autoridades y fueron puestos a disposición judicial. Ahora mismo están siendo investigados por un delito de atentado.

Fernández denuncia que los agentes no se tomaron en serio la agresión y por su comportamiento tibio ha pedido responsabilidades hasta al propio ministro del Interior. Pero es que antes de pedirle al ministro que abriera “una información reservada”, cuyas consecuencias pueden suponer un grave escollo para la carrera de los guardias civiles afectados, el alcalde socialista recurrió a la directora general de la Guardia Civil, al Defensor del Pueblo, a la delegada del Gobierno en Baleares y al coronel al mando del Cuerpo en toda Baleares.

Sobre esta última reunión, Fernández aseguró que la delegada del Gobierno, Aina Calvo, llegó a reírse de su petición por considerarla “absurda”, y eso también lo sabe ya el ministro.

El celo de Fernández por preservar los derechos que asisten a los policías agredidos es encomiable, pero hacerlo a costa de acusar a la Guardia Civil poco menos que de prevaricar en una investigación ha tenido otras consecuencias. Ya son varias las voces que le piden que se retracte de sus acusaciones contra la Benemérita. Desde las asociaciones profesionales de guardias califican las acusaciones del alcalde de «una falta de respeto, un insulto y una acusación velada de irregularidades».

Tampoco se ha quedado corto el Partido Popular de Capdepera, donde no entienden cómo la delegada del Gobierno y el coronel jefe de la Guardia Civil de Baleares con los que se reunió Fernández pueden tener una versión tan distinta de la misma reunión. Ellos aseguraron que escucharon las reclamaciones del alcalde y le dieron explicaciones de lo ocurrido. El PP le pide a Fernández “que no manche el nombre del cuerpo, el de su pueblo” y que explique esas contradicciones con el resto de las autoridades de Baleares.

Todos están de acuerdo en que la agresión de los agentes debe investigarse, pero se preguntan si con otro ministro de otro gobierno que no fuera Marlaska, el alcalde se hubiera animado a atacar así a la guardia Civil. Eso sólo lo sabe él.

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