El alcalde que denunció a los Franco por no permitir visitas a Meirás pidió una cita en julio y no fue

La cosa se complica. El alcalde del municipio coruñés de Sada que denunció a los Franco ante la Xunta de Galicia por su presunto incumplimiento de las visitas al Pazo de Meirás -obligatorias tras ser éste declarado Bien de Interés Cultural (BIC)- solicitó cita en julio pero no acudió a la misma.

Así consta en el registro que la Fundación Francisco Franco -a quien los nietos del dictador encargaron la gestión de las llamadas y el calendario de fechas para la apertura al público del histórico inmueble- ha puesto a disposición de la Administración competente, la Consejería de Cultura de la comunidad autónoma gallega.

Una circunstancia por la que fuentes próximas a la familia confirman a OKDIARIO que los Franco se encuentran muy sorprendidos: «Sabiendo que el aforo, para cada uno de los cuatro días de visita disponibles al mes, es limitado, resulta curioso que el alcalde haya formalizado una reserva a la que nunca acudió». «Ha privado a otro visitante de poder disponer de su plaza ya que no comunicó su cancelación ni que la misma quedaría vacante», añaden.

A raíz de los acontecimientos de los últimos días, los herederos del dictador han manifestado que, además de contestar en tiempo y forma al expediente administrativo abierto por la Xunta de Galicia, estudian ya las «oportunas acciones legales» contra el regidor de la localidad coruñesa donde se encuentra ubicado el Pazo de Meirás, por sus «constantes declaraciones» en relación a la familia Franco que, «hasta la fecha, es la legítima propietaria» del conjunto arquitectónico.

Benito Portela

Benito Portela, alcalde de Sada, ha sido especialmente beligerante en sus intentos por recuperar la titularidad y usos públicos del inmueble para el «pueblo gallego». Tras la llegada de Sánchez a La Moncloa, una vez consumada la moción de censura contra Mariano Rajoy, Portela escribió hasta en dos ocasiones al socialista para «echar a la familia Franco del Pazo de Meirás».

En la primera carta remitida a Sánchez, el regidor reclamó al Ejecutivo que adoptase las decisiones administrativas precisas para iniciar las acciones judiciales oportunas que pusiesen «fin a la vergüenza y anacronismo histórico de que la familia del dictador siga ostentando la propiedad del Pazo de Meirás».

El alcalde sadense advertía, en dicha ocasión, a Sánchez que su Ayuntamiento «es el más directamente afectado» en el proceso de reclamación de la propiedad del inmueble a los Franco: «No sólo por el origen y antecedentes de la adquisición de la propiedad, sino porque el Pazo está dentro del término municipal» del que él continúa siendo regidor y cuyas «competencias y potestades municipales también se extienden, aunque les pese a los Franco, sobre el Pazo».

«Hay que retirar a Franco del Valle de los Caídos, pero también retirar a sus herederos del Pazo. Doble retirada, por higiene democrática y respeto a la memoria histórica», afirmaba Portela en una segunda misiva, remitida a Moncloa, pocas semanas después. En el texto de esta última carta ahondaba en la necesidad de que, en base a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, el Gobierno actuase con «urgencia» para «echar a la familia Franco de Meirás».

Una petición que se ha visto satisfecha, recientemente, tras interponer la Abogacía del Estado -a petición del Ejecutivo socialista en funciones y pese a los informes técnicos desfavorables- una demanda ante la Justicia coruñesa, para reclamar la propiedad pública del histórico inmueble.