La Abogacía del Estado descartó recuperar el Pazo de Meirás porque las donaciones a Franco eran intocables

El informe de la Abogacía del Estado fechado en 2018, en el que rechaza la batalla judicial emprendida por Pedro Sánchez para incorporar al Estado el Pazo de Meirás propiedad de los Franco, tumba incluso la relevancia del documento de 1938 que el Gobierno afirma que se acaba de encontrar y que dice que la compra realizada por los Franco fue ficticia. El abogado del Estado que firma el informe, hace un año y pese a no conocer ese documento, ya daba por hecho que se trató de una donación y no una compra, y, más importante a efectos legales, que no se podía hacer nada contra ello porque las leyes de la República e inmediatamente posteriores no permitían cuestionar las donaciones al Jefe de Estado.

El informe rechaza la estrategia de Sánchez por “no haber sido nunca del Estado” el inmueble y porque existía una doctrina sobre el Palacio de Ayete -la otra residencia veraniega de Franco– que la descarta.

El argumento jurídico del abogado del Estado es rotundo: “Teniendo en cuenta que el Pazo de Meirás fue donado al General Franco en su condición de Jefe de Estado el 28 de marzo de 1938 […] podría alegarse que por aplicación de este precepto [artículo cuarto.ocho de la Ley 23/1982], aquel se habría integrado en el Patrimonio Nacional. No obstante nosotros nos pronunciamos negativamente; ello es debido a que el reseñado artículo en una innovación de la ley de 1982, no existiendo equivalente alguno en las leyes de 22 de marzo de 1932, y de 7 de marzo de 1940, por lo que solamente rige a las donaciones efectuadas el Jefe del Estado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 23/1982, no pudiendo aplicarse este precepto retroactivamente”.

El documento que ha motivado la batalla legal abierta ahora por Pedro Sánchez no altera esta conclusión en absoluto. El equipo jurídico de Sánchez ha afirmado que “la situación posesoria de Francisco Franco y sus herederos [sobre el pazo de Meirás] se basa en un título, la escritura de compraventa de 1941, que es un texto simulado y completamente nulo, y cuya finalidad exclusiva era permitir, en el futuro, una posesión de Franco y sus herederos a título particular”. Por eso el Gobierno ha ordenado ahora presentar la demanda en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Coruña contra los herederos de Franco por entender que la compra del pazo de Meirás fue simulada.

Pero, al quitar esa farsa, precisamente lo que ocurre es que se tiene que considerar que la operación fue una donación. Y, por lo tanto, inalcanzable para la ley de 1982.

Pero, pese a todas esas argumentaciones jurídicas, Pedro Sánchez decidió abrir el frente del Pazo de Meirás contra los Franco: la reclamación de la propiedad con el fin de integrarlo en el Estado. Y lo ha hecho ocultando el informe de la propia Abogacía del Estado que ya analizó esta posibilidad hace poco más de un año y la tumbó por completo por la ausencia de respaldo legal. OKDIARIO se ha hecho con el informe que el Gobierno ha ocultado. Un informe sellado el 4 de abril de 2018 y elaborado por el abogado del Estado encargado por Patrimonio Nacional del estudio de las posibilidades legales de llevar a cabo esta reclamación contra la familia Franco. La conclusión general del documento no puede ser más demoledora: “Ni pudo ni puede integrarse en Patrimonio Nacional”.